Política social de vivienda y fomento de la rehabilitación

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Extracto de la intervención de la Directora General de  Vivienda del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, Verónica Villagrasa , con motivo de su comparecencia en las Cortes de Aragón, el pasado 16 de octubre de 2019.

“A propuesta del Sr. Consejero y como respuesta a la petición del Grupo Popular, comparezco con el objetivo de desgranar las líneas generales de lo que pretendo sea el trabajo a desarrollar desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

Es difícil concentrar en diez minutos la labor que se pretende desarrollar a lo largo de toda una legislatura, mi intervención se centrará en tres ejes fundamentales que incluyen todo el ámbito competencial del área que dirijo.

En primer lugar, me referiré al EJE que denominaré sobre VIVIENDA SOCIAL, en la que haré referencia a las ayudas al alquiler, entre otras cuestiones. En segundo lugar, al EJE de ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN que incluirá, además, el trabajo que se desarrolla desde el Laboratorio de Calidad de la Edificación, y, por último, al EJE que se refiere a todo lo que implica RÉGIMEN JURÍDICO y económico del área. De esta forma, tendríamos marcadas las líneas básicas de la Dirección General.

Si bien hace cuatro años, la respuesta a la emergencia habitacional hacía imprescindible una intervención inmediata, afortunadamente, en la actualidad, esa emergencia está controlada dado que se está respondiendo adecuadamente a cada situación planteada. Esto no se debe a que hayan desaparecido los desahucios si no a que se ha encauzado adecuadamente el procedimiento, de manera que quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social cumpliendo una serie de requisitos, obtienen una solución, bien a través del programa de mediación hipotecaria y de alquiler desde un punto de vista preventivo, o cuando esta opción no es viable, mediante la proposición de una alternativa habitacional en coordinación con los Servicios Sociales según lo previsto en la normativa (Ley 10/2016).

En este sentido, desde la Dirección General, continuaremos trabajando en la línea de seguir atendiendo estas necesidades, contando además con la coordinación imprescindible de otros Departamentos o administraciones, como el de Ciudadanía y Derechos Sociales o las comarcas, a la hora de afrontar esta problemática que, en estos momentos, está orientándose hacia una nueva realidad: la de esas personas que no abandonan la vivienda tras finalizar su contrato de arrendamiento o quienes ocupan la vivienda sin mediar documento o acuerdo alguno.

Estos nuevos escenarios refuerzan la necesidad de pensar en vivienda desde una doble perspectiva: la del acceso y la de la tenencia de la misma. Doble perspectiva que lleva a esta Dirección General a trabajar hacia el fomento del parque público de alquiler, más accesible para quien más lo necesite, pero dirigido a toda la población, y al incremento de la Bolsa de viviendas en alquiler social.

Para finalizar con el eje de VIVIENDA SOCIAL, debo referirme expresamente a la convocatoria de Ayudas al Alquiler. Estas ayudas se encuadran en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que incluye hasta 9 Programas y que se incorporó al ordenamiento jurídico aragonés a finales de 2018.

Como ya saben, la convocatoria del Programa de ayuda a los jóvenes correspondiente a 2018 fue resuelta y pagada a los interesados durante este verano. Es intención de esta Dirección General que salga de nuevo la convocatoria próximamente. Por otro lado, la convocatoria de ayudas al alquiler general ha sido la que más quebraderos de cabeza nos ha dado, ya que, como expuso el Sr. Consejero en su intervención ante estas Cortes el pasado 20 de septiembre, se han producido todas las incidencias que podrían darse, lo que ha provocado el retraso y dificultad en su resolución. En el año 2020 se publicará una nueva convocatoria de este programa incluyendo las mejoras identificadas tras la evaluación de la misma.

Por último, añadir que, una vez resueltos los recursos presentados a la ley de emergencia social, vamos a iniciar los trabajos que nos lleven a la creación del Registro de Viviendas Desocupadas de Aragón.

En relación al eje de ARQUITECTURA y REHABILITACIÓN, también voy a hablar del mencionado Plan Estatal de Vivienda ya que, varios de sus programas se desarrollan en torno al mismo. En este sentido, habrá nuevas convocatorias de subvenciones para la rehabilitación, que introducirán mejoras en la tramitación.

También se está afrontando la rehabilitación de las viviendas patrimoniales del Gobierno de Aragón, con cargo a fondos FITE, apostando por la eficiencia energética en los edificios, así como la accesibilidad universal. Se va a procurar una dotación presupuestaria constante a través de un Programa de rehabilitación de viviendas patrimoniales específico, de carácter plurianual, para que estas viviendas tengan la calidad suficiente para ser destinadas al alquiler social.

En cuanto a restauración de patrimonio arquitectónico de uso público, hasta ahora se ha trabajado con dotación presupuestaria propia (con una inversión que desde el año 2010, con la crisis, se sitúa en unos 400.000 € anuales; escasa para toda la demanda a asumir) y a través de fondos FITE, específicos para la provincia de Teruel, cofinanciados con el Estado, y que se destinan tanto a inversiones como a convocatorias de subvenciones.

Y, por acabar con este EJE, mencionar la gran labor llevada a cabo por el Laboratorio de Calidad de la Edificación.

Todo este trabajo detallado hasta ahora, no podría llevarse a cabo sin la labor paralela de un buen RÉGIMEN JURÍDICO Y GESTIÓN ECONÓMICA. Es en este EJE en el que hay que hacer hincapié en varias actuaciones necesarias, empezando por la ley de Vivienda. Una ley necesaria y que ha de salir con carácter inmediato para materializar efectivamente el derecho a la vivienda, fortalecer la función social de la misma y evitar la dispersión normativa en esta materia. Mi intención es conseguir un texto que perdure en el tiempo dotando así de estabilidad a la materia. También se pretenden afrontar otros retos legislativos, aunque de menor envergadura, como es el desarrollo normativo de la ley 10/2016 o el Decreto de Laboratorios de calidad de la edificación, con el que se pretende actualizar la normativa aragonesa en la materia de acuerdo con la estatal, modificada en 2010. En este sentido, la pretensión es construir un régimen jurídico del derecho a la vivienda basado en cuatro conceptos clave: el acceso, la seguridad de la tenencia, la implantación del derecho a la vivienda y la inspección.

Estas son las líneas de trabajo que van a definir la labor a desarrollar desde esta Dirección General para los próximos años”.

 

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