Nueva iniciativa para aumentar la capacidad inversora de los ayuntamientos aragoneses

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La representación de CHA en las Cortes de Aragón ha presentado una Proposición no de Ley sobre “modificación legislativa para que las entidades locales puedan reinvertir su superávit”, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 6 de abril de 2017 la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó por unanimidad una resolución para exigir al Gobierno una modificación legislativa que permita a las entidades locales reinvertir el superávit del año 2016. La resolución presentada a instancias del Presidente de la FEMP, fue aprobada por unanimidad, estando presentes todos los grupos políticos con representación en la Junta de Gobierno.

Ningún expediente para la reinversión puede ser tramitado hasta la entrada en vigor de la Ley de PGE. Dado que la tramitación de estos expedientes es superior a los seis meses y la disposición adicional nonagésima segunda de dicha ley obliga a tener comprometidos los créditos antes de que finalice 2017, la conclusión es sencilla: por primera vez desde que recuperaron la senda del superávit las entidades locales no podrán reinvertir un solo euro de esos recursos.

En resumen: al no aprobarse los PGE para 2017 hasta finales de junio, tal y como está redactada   la   disposición,   será   imposible   para   las   entidades   locales   reinvertir   el superávit de 2016.

Por   ello   la  FEMP   plantea   la  modificación   de   la  disposición   adicional   nonagésima segunda, para que se permita comprometer los créditos a reinvertir durante 2017 y 2018, siempre con cargo al superávit de 2016.

La resolución plantea igualmente que se eliminen las restricciones a la reinversión del superávit que hasta la fecha existen, para que se pueda reinvertir en, por ejemplo, mejorar los servicios que prestan los ayuntamientos a sus ciudadanos, inversiones financieramente sostenibles o planes de empleo que den respuesta al principal problema que en estos momentos tiene la sociedad como es el desempleo.

Para ello es necesario revisar la regla de gasto, así como los requisitos de deuda pública y estabilidad presupuestaria recogidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), y que se ha traducido en el estrangulamiento financiero de los ayuntamientos y un ataque directo a la autonomía municipal. Esta situación nos ha llevado a la paradoja de que los ayuntamientos, siendo la única administración con superávit, estando saneados y cumpliendo con sus objetivos de estabilidad presupuestaria, se han visto claramente limitados por las restricciones impuestas por el Gobierno de España y sin poder invertir sus ahorros.

Este ataque a las entidades locales se produce precisamente cuando atraviesan la mejor situación presupuestaria desde hace años: un superávit en 2016 de 7.083 millones de euros, el 0,64% del PIB, lo que supone un 39% más que en 2015. Desde el 2012 las entidades locales han generado un superávit acumulado de casi 26.000 millones de euros.

Ante esta situación presentamos la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón acuerdan dirigirse al Gobierno de Aragón para :

 1.- Instar al Gobierno de España a que, por la vía de urgencia, adopte las iniciativas legislativas necesarias que permitan a las Entidades Locales reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por la misma cuantía, en cualquier iniciativa que consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.

2.- Solicitar al Gobierno de España que realice las actuaciones necesarias para proceder a la modificación de la disposición adicional nonagésima segunda de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, con el objetivo de que se permita comprometer los créditos a reinvertir durante 2017 y 2018, siempre con cargo al superávit de 2016.

3.- Reclamar al Gobierno de España a que modifique la “regla de gasto”, así como los requisitos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública recogidos en Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), con el fin de acabar con las duras e injustas restricciones que vienen soportando los ayuntamientos desde 2012 y ajustarlas a las necesidades de los mismos.

 

 

 

 

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