Proposición de ley de CHA sobre “Actualización de los Derechos Históricos de Aragón”

 

 

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Foto: Europapress.

Este 19 de diciembre de 2016 CHA ha presentado públicamente la proposición de ley de “Actualización de los Derechos Históricos de Aragón” .

Adjuntamos la comparecencia ante los medios de comunicación de Gregorio Briz, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón y Carmen Martínez Romances, Secretaria General de CHA y diputada de CHA en las Cortes de Aragón , así como el texto íntegro de la iniciativa presentada.

  • Comparecencia ante los medios de comunicación:

https://www.periscope.tv/chunta/1yNGadyMppdKj?autoplay&t=16

  • Proposición de ley de CHA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON

D. Gregorio Briz Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto (CHA), de conformidad con lo establecido en los artículos 138 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición de Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aragón es una Nacionalidad con más de doce siglos de Historia. El antiguo Condado, nacido en el siglo IX en torno a los ríos que le dieron nombre, se constituyó en Reino independiente en el año 1035 y, tras la incorporación de Sobrarbe y Ribagorza y la expansión por los somontanos, el valle del Ebro y las serranías ibéricas, ya tenía fijados sus límites territoriales, de forma definitiva, a principios del siglo XIV. Sobre este amplio y variado territorio, sucesivas generaciones de aragoneses y aragonesas fueron construyendo una nación fundada en la defensa de sus libertades, dotada de instituciones singulares (Cortes, Justicia Mayor, Diputación del Reino, Maestre Racional) y depositaria de un rico patrimonio natural, cultural, jurídico y lingüístico. Un país que fue germen y cabeza de una confederación peculiar y precursora en Europa: la Corona de Aragón.

La esencia del antiguo Reino de Aragón eran sus Fueros, que emanaban de una concepción pactista del poder: no era Fuero la voluntad del Rey, sino su acuerdo con los cuatro Brazos de las Cortes. Y el pueblo aragonés siempre se caracterizó por defender celosamente sus Fueros y Libertades, hasta el punto de que el Justicia Mayor Juan de Lanuza el Mozo fue decapitado, tras la rebelión de 1591, por encabezar su defensa.

A principios del siglo XVIII, los llamados Decretos de Nueva Planta abolieron, por derecho de conquista, el Derecho público y las instituciones propias del Reino de Aragón, que había sido Estado independiente durante setecientos años. Los aragoneses únicamente pudimos conservar el Derecho privado plasmado en el Cuerpo de Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, que, a través del Apéndice de 1925, la Compilación de 1967 y, una vez recuperado el autogobierno, diversas leyes autonómicas hoy refundidas en el Código del Derecho Foral de Aragón, ha subsistido hasta nuestros días. Durante casi tres siglos, la aplicación cotidiana del Derecho foral aragonés fue testimonio patente de nuestro pasado común, el elemento esencial que reflejaba nuestra identidad colectiva. Y, lo que es más importante, siempre se mantuvo viva la voluntad de los aragoneses de existir como Pueblo, la conciencia de nuestro hecho nacional. Puede citarse un ejemplo muy expresivo: un siglo después de su abolición, en plena Guerra de la Independencia, Palafox convocó las antiguas Cortes de Aragón, que se reunieron el día 9 de junio de 1808 con asistencia de los cuatro brazos tradicionales.

Esta nacionalidad no pudo acceder a su pleno autogobierno en la Segunda República porque el inicio de la Guerra Civil interrumpió, bruscamente, la tramitación del Estatuto de Autonomía de Aragón que había sido ya redactado en Caspe en 1936. La primera de las Bases aprobada para redactar el futuro Estatuto proclamaba acertadamente que «la personalidad de Aragón queda definida por el hecho histórico y por la actualidad de querer ser».

Antes de promulgarse la Constitución de 1978, Aragón encabezó el movimiento autonomista y fue uno de los primeros territorios en acceder al régimen preautonómico. Así, el Real Decreto-Ley 8/1978, de 17 de marzo, que aprobó el régimen preautonómico para Aragón e instituyó la Diputación General como órgano de gobierno, proclamaba que el pueblo aragonés ha manifestado reiteradamente, en diferentes momentos del pasado y en el presente, su aspiración a contar con instituciones propias.

En la fecha histórica del 23 de abril de 1978, más de cien mil aragoneses se manifestaron en Zaragoza para reivindicar la autonomía. Pero los pactos autonómicos de 1981 impusieron a Aragón el acceso a su autogobierno por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución. Sin embargo, desde el primer momento el Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, hizo reserva expresa de los derechos que corresponden al pueblo aragonés en virtud de su historia. Y el propio pueblo aragonés volvió a manifestarse masivamente, en 1992 y en los años sucesivos, para reclamar la autonomía plena para Aragón.

Con la experiencia acumulada a lo largo de más de treinta años, es preciso dar un nuevo impulso al proceso de construcción de nuestro autogobierno, a fin de que Aragón, mediante la actualización de los derechos históricos de su pueblo, amparados y respetados por la Constitución, acceda al máximo nivel de autogobierno. De este modo, Aragón queda situado en el lugar que, como Nacionalidad histórica, le corresponde por su pasado foral dentro del Estado español y la Unión Europea, y recupera los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de los aragoneses y aragonesas.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.— Aragón, nacionalidad histórica.

1. Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento.

2. Todas las administraciones públicas deberán respetar dicha condición en sus normas y documentos oficiales y fomentarán que también sea esa la denominación usada por los particulares y los medios de comunicación.

3. Aragón, en virtud de sus instituciones tradicionales, su historia, su Derecho, su cultura y sus lenguas, ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios.

Artículo 2.— Actualización de los derechos históricos.

1. La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el Estatuto de Autonomía de Aragón no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que le corresponden en virtud de su historia, que son objeto de actualización en la presente Ley

2. La actualización de esos derechos históricos impulsará y desarrollará los principios propios del Estado social y democrático de Derecho, así como el cumplimiento de los derechos y libertades de los aragoneses, y se llevará a cabo atendiendo a la realidad social, cultural, económica y política del momento actual.

3. Los derechos históricos referidos en esta Ley no agotan la relación y actualización de los mismos. En especial, la Comunidad Autónoma de Aragón se reserva el derecho de requerir un régimen financiero propio y una Hacienda foral, al amparo de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución.

Artículo 3.— Titularidad y contenido de los derechos históricos.

1. Los derechos históricos residen en el pueblo aragonés, del que emanan los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón, y serán amparados y respetados por todos los poderes públicos.

2. El contenido y efectos de los derechos históricos del pueblo aragonés son los siguientes:

a) La expresión de la voluntad del pueblo aragonés de mantener y reafirmar su identidad política, institucional y jurídica, sin perjuicio de su integración y participación en otras estructuras estatales o supraestatales.

b) El reconocimiento y garantía de una posición singular de Aragón en relación con el Derecho foral, la historia, la cultura y las lenguas, con la proyección de todos estos elementos en el ámbito educativo y con el sistema institucional en que se organiza la Comunidad Autónoma.

c) La garantía de una relación de Aragón con el Estado regida por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua.

d) El derecho de Aragón a acceder, sin limitación alguna, al más alto grado de autogobierno y, como mínimo, al que se reconozca a cualquier otra nacionalidad del Estado español en cualquier ámbito competencial, institucional o financiero.

e) Una garantía de los derechos políticos y sociales de los aragoneses, como expresión de los principios tradicionales de libertad, justicia social, igualdad, respeto a la diversidad y pacto.

f) El fundamento del derecho de Aragón al autogobierno político y a la autonomía financiera, como instrumentos para prestar a su población unos servicios públicos universales, laicos, gratuitos y de calidad, así como garantizar e impulsar los derechos sociales y culturales y el estado del bienestar.

g) El respeto por los símbolos, nombres y denominaciones originales de las instituciones políticas y jurídicas del antiguo Reino de Aragón, y su defensa frente a errores, deformaciones o manipulaciones de la historia o de la realidad territorial, cultural o lingüística de Aragón que desvirtúen su naturaleza o significado.

Artículo 4.— Carácter originario e imprescriptibilidad.

1. Los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea. Al no derivar de ellos, no pueden ser afectados por las reformas que puedan afectar a esas normas.

2. Los derechos históricos no prescriben por falta de uso, ejercicio o reclamación.

Artículo 5.— El pacto como base de la convivencia política.

1. Con arreglo a la tradición foral aragonesa, los derechos históricos se fundamentan en el valor del pacto como base de la convivencia política.

2. Como fundamento de los derechos históricos, el pacto tiene dos manifestaciones principales:

a) Los poderes públicos aragoneses impulsarán y garantizarán la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de toma de las decisiones que les afecten, principalmente a través del fomento de la iniciativa legislativa popular y el referéndum, en los términos previstos en las leyes.

b) Las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por las instituciones del Estado o por entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas con los representantes de la Comunidad Autónoma a través de los órganos e instrumentos de relación bilateral instituidos al efecto, especialmente la Comisión Mixta de Transferencias, la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón.

Se consideran decisiones relevantes todas aquellas que afecten a las competencias exclusivas de Aragón o a los derechos y libertades de los aragoneses, así como aquellas a las que puedan otorgar ese carácter las Cortes de Aragón en norma con rango de Ley.

Artículo 6.— Derechos y libertades.

1. Como sucesores de las instituciones del antiguo Reino de Aragón, los poderes públicos aragoneses promoverán y garantizarán el pleno ejercicio de los derechos y libertades proclamados en el Estatuto de Autonomía, la Constitución española, la legislación de la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias y el resto de tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación, así como aquellos otros derechos que, habiendo sido reconocidos en normas de menor rango jurídico, se encuentren en vigor en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley.

2. Las instituciones aragonesas no podrán minorar o restringir el contenido actual de los derechos y libertades referidos en el apartado anterior y se opondrán a su minoración o restricción por parte de otras instituciones en cuanto puedan afectar al pueblo aragonés.

3. Las instituciones aragonesas garantizarán de forma efectiva el cumplimiento de los derechos sociales que no gozan de una protección legal eficaz, especialmente el derecho al trabajo de calidad y el derecho a una vivienda digna. A estos efectos, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrán en ningún caso reducir los créditos destinados a las políticas sociales en el correspondiente ejercicio anterior.

Artículo 7.— Condición política de aragonés.

1. A los efectos de la presente Ley, gozan de la condición política de aragoneses:

a) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pueda establecer.

b) Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España o cumplan los requisitos establecidos en la legislación estatal, así como sus descendientes, si así lo solicitan, siempre que ostenten la nacionalidad española en la forma que determine la ley.

2. La condición política de aragonés otorga el pleno ejercicio de los derechos políticos contemplados en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 8.— Participación en decisiones de interés general.

Los poderes públicos aragoneses establecerán las vías adecuadas para facilitar y potenciar la participación en las decisiones de interés general de las siguientes personas:

a) Los ciudadanos extranjeros residentes en Aragón, sin perjuicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales en los términos previstos en la legislación electoral.

b) Los ciudadanos de origen aragonés, aunque hayan perdido vecindad civil aragonesa, que residan fuera de Aragón.

Artículo 9.— Territorio.

El territorio de la Comunidad Autónoma se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende el de los municipios y comarcas integrados en las actuales provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.

CAPÍTULO II
Símbolos de Aragón

Artículo 10.— La bandera de Aragón.

1. La bandera de Aragón es la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo.

2. La bandera de Aragón deberá ondear en el exterior de todos los edificios públicos civiles situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y ocupará el lugar preferente.

3. El tamaño de la bandera de Aragón no podrá ser inferior al de otras banderas distintas a la misma cuando se utilicen simultáneamente.

Artículo 11.— El escudo de Aragón.

1. El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles, que podrá figurar en el centro de la bandera.

2. El escudo de Aragón deberá figurar en:

a) Los edificios de la Comunidad Autónoma.

b) Los títulos oficiales expedidos por la Comunidad Autónoma.

c) Los documentos, impresos, sellos y membretes de uso oficial en la Comunidad Autónoma.

d) Los distintivos usados por las autoridades de la Comunidad Autónoma que tengan derecho a ello.

e) Los lugares u objetos de uso oficial en los que, por su carácter especialmente representativo, así se determine.

Artículo 12.— Día de Aragón.

1. El día de Aragón es el 23 de abril.

2. A todos los efectos, incluso laborales, la indicada fecha se considera festiva, en todo caso, en todo el territorio de Aragón.

Artículo 13.— Capitalidad.

1. La capital de Aragón es la ciudad de Zaragoza, que constituye la sede permanente de las instituciones aragonesas, sin perjuicio de que las mismas puedan reunirse en otros lugares de Aragón, con arreglo a lo previsto en las leyes.

2. En su condición de capital, Zaragoza dispondrá de un régimen especial establecido por una Ley de las Cortes de Aragón.

CAPÍTULO III
Instituciones de autogobierno

Artículo 14.— Instituciones forales históricas.

1. Las Cortes, el Justicia Mayor, la Diputación del Reino y el Maestre Racional constituyen el fundamento, origen y precedente directo de las actuales instituciones de Aragón y expresan su forma tradicional de autogobierno, basada en el pacto, la supremacía del Derecho, el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía y el control y responsabilidad de los poderes públicos.

2. La Diputación General de Aragón velará por el uso preferente de las denominaciones históricas de las instituciones aragonesas de autogobierno, especialmente en los edificios oficiales, los sellos oficiales y las rúbricas de los documentos de especial relevancia.

3. En su condición de sucesoras de las instituciones históricas, las actuales instituciones de autogobierno se inspirarán, en el diseño de sus símbolos representativos, en los correspondientes a aquéllas.

4. El régimen de precedencias de las autoridades e instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en los actos oficiales tendrá en cuenta el carácter histórico de las instituciones reguladas en el presente Capítulo.

Artículo 15.— Las Cortes de Aragón.

Las Cortes de Aragón, en su condición de representantes del pueblo aragonés, velarán por la conservación, desarrollo y eficacia de sus derechos históricos y garantizarán, en el ejercicio de la potestad legislativa, que los mismos informen el ordenamiento jurídico aragonés.

Artículo 16.— El Justicia de Aragón.

1. El Justicia de Aragón tiene como misión la protección y defensa de los derechos y libertades individuales o colectivos de los aragoneses, incluido el derecho al autogobierno, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés velando por su defensa y aplicación, y la defensa del Estatuto.

2. El Justicia actúa como mediador entre las instituciones aragonesas, así como en los conflictos que se susciten entre los ciudadanos y las Administraciones públicas, en los términos legalmente previstos.

Artículo 17.— La Presidencia de Aragón.

1. El Presidente o Presidenta de Aragón ostenta la suprema representación de Aragón y preside la Diputación General.

2. El Presidente o Presidenta responde políticamente ante las Cortes de Aragón, a través de la cuestión de confianza y la moción de censura, así como ante la ciudadanía, a través del referéndum revocatorio, todo ello en los términos previstos en las leyes.

Artículo 18.— La Diputación General de Aragón.

1. La Diputación General de Aragón, bajo la dirección de su Presidente o Presidenta, establece la política general y la acción exterior, dirige la Administración de la Comunidad Autónoma y vela por la defensa de la autonomía aragonesa. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con las leyes.

2. El control político de la Diputación General corresponde a las Cortes de Aragón, la supervisión de la actividad de su Administración al Justicia de Aragón y la fiscalización externa de su gestión económico-financiera a la Cámara de Cuentas.

3. La Diputación General es responsable políticamente ante las Cortes de Aragón de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus miembros por su gestión. Igualmente, responde ante la ciudadanía a través del referéndum revocatorio, en los términos legalmente previstos.

Artículo 19.— La Cámara de Cuentas de Aragón.

1. La Cámara de Cuentas de Aragón es el órgano al que corresponde, con plena independencia, la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del sector público de Aragón.

2. El Presidente de la Cámara de Cuentas recibe la denominación foral de Maestre Racional.

Artículo 20.— Municipios y comarcas.

Los municipios y comarcas, sin perjuicio de su autonomía, también integran el sistema institucional de Aragón, como entes en los que se organiza territorialmente, y son expresión actual de la peculiar organización territorial foral de Aragón, articulada en torno a concejos, comunidades, sobrecullidas, veredas, sesmas, quiñones, comunas y otras figuras forales de organización territorial.

Artículo 21.— Otras instituciones de autogobierno.

La Diputación General de Aragón podrá compilar y reconocer, mediante Decreto y de manera justificada, el carácter histórico foral de otras instituciones que, por su singularidad y aportación al proceso histórico de Aragón, merezcan tal consideración.

CAPÍTULO IV
Patrimonio político, jurídico e histórico de Aragón

Artículo 22.— Concepto y régimen jurídico.

1. El patrimonio político, jurídico e histórico aragonés está integrado por todos los bienes, materiales e inmateriales, relacionados con las instituciones, el Derecho y la historia de Aragón.

2. La Diputación General de Aragón promoverá la protección, conservación, recuperación, enriquecimiento, investigación, difusión, promoción y fomento del patrimonio político, jurídico e histórico de Aragón, garantizando su transmisión a las generaciones futuras, su uso como bien social y su consideración como un factor de desarrollo sostenible para Aragón.

3. Son de aplicación a los bienes que integran el patrimonio político, jurídico e histórico aragonés las previsiones de la legislación de patrimonio cultural aragonés, en cuanto resulten compatibles con su naturaleza jurídica.

Artículo 23.— Patrimonio material.

1. La Diputación General de Aragón procederá a la identificación y conservación de los bienes materiales de especial relevancia para la historia política y jurídica de Aragón. Estos bienes gozarán de especial protección y serán declarados Bien de Interés Cultural.

2. En particular, serán declarados Bien de Interés Cultural los restos arquitectónicos y arqueológicos de todos los bienes inmuebles de especial relevancia en la historia política y jurídica de Aragón, y específicamente los que fueron sede de las instituciones de autogobierno

Artículo 24.— Regreso del patrimonio expoliado y emigrado.

1. El pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que regresen a Aragón todos los bienes integrantes de su patrimonio político, jurídico e histórico que se encuentran fuera de su territorio.

2. La Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias para hacer realidad el derecho histórico proclamado en el apartado anterior, y, en especial, el regreso de los bienes aragoneses que se encuentran depositados en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, el Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal, y el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, así como los que se encuentran en otros Estados.

Artículo 25.— Archivo de la Corona de Aragón.

1. Aragón tiene el derecho histórico a participar de forma preeminente en la dirección y gestión del Archivo de la Corona de Aragón, así como en su Patronato.

2. La Diputación General de Aragón informará, con carácter preceptivo y vinculante, sobre cualquier decisión que afecte a la integridad de la unidad histórica del Archivo de la Corona de Aragón o a su gestión unificada.

3. La Comunidad Autónoma de Aragón informará cualquier proyecto legislativo o reglamentario estatal que afecte al Archivo de la Corona de Aragón.

4. El Archivo de la Corona de Aragón se integra en el Sistema de Archivos de Aragón.

Artículo 26.— Archivo del Reino de Aragón.

La Diputación General de Aragón unificará en un solo fondo todos los restos documentales que fueron conservados en el Archivo del Reino de Aragón.

Artículo 27.— Patrimonio inmaterial.

La cultura y tradición jurídica y política de Aragón, así como su historia, forman parte de su patrimonio inmaterial y gozan de la máxima protección que esta condición le proporciona.

Artículo 28.— Patrimonio jurídico.

1. El Derecho foral aragonés, procedente del Cuerpo de Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón y recopilado actualmente en el Código del Derecho Foral, así como el Derecho consuetudinario, forma parte del patrimonio inmaterial de Aragón.

2. Los poderes públicos aragoneses potenciarán el conocimiento y aplicación del Derecho foral aragonés. A tal efecto, el acceso al conocimiento del mismo por parte de la ciudadanía, los operadores jurídicos y los empleados públicos tendrá la consideración de servicio público. Se facilitará el acceso gratuito, especialmente en soportes digitales, a la información sobre su historia, efectos y contenido actual, así como a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales radicados en Aragón.

3. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de su competencia exclusiva en materia de Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés tendrá por objeto garantizar y promover la aplicación de éste.

4. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de sus competencias en materia tributaria y fiscal tendrá por objeto garantizar y promover la aplicación del Derecho foral aragonés, sin que en ningún caso puedan adoptarse medidas que perjudiquen o desincentiven su aplicación. Del mismo modo, la Diputación General de Aragón velará para que las normas y actos del Estado en materia tributaria y fiscal no produzcan tampoco esos efectos negativos.

5. En Aragón, el procedimiento de habeas corpus recupera la denominación foral de «recurso de manifestación de personas», sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal.

Artículo 29.— Patrimonio histórico.

1. Aragón cuenta con una historia como comunidad humana diferenciada que se inicia hace doce siglos. Las autoridades aragonesas velarán para que los aragoneses conozcan su historia y fomentarán la investigación sobre la misma.

2. Las instituciones aragonesas deberán apoyar y promover las diversas iniciativas relacionadas con la historia de Aragón, sin que la investigación al respecto pueda ser encomendada a ninguna entidad en exclusiva.

3. Las autoridades aragonesas fomentarán la enseñanza de la historia de Aragón en todos los niveles educativos.

Artículo 30.— Patrimonio lingüístico.

La lengua aragonesa, en la que se pronunció el Derecho aragonés, se escribieron los Fueros y se expresaron las Cortes de Aragón, El Justicia de Aragón y las demás instituciones a lo largo de la historia, la única que solo es hablada en nuestro territorio, es un patrimonio de toda la humanidad que debe ser objeto de especial atención, dignificación, protección, difusión y uso por parte de todas las instituciones aragonesas.

Disposición adicional primera.— Conocimiento y difusión.

La Diputación General de Aragón promoverá el conocimiento y difusión de esta Ley y el contenido de los derechos históricos entre todos los aragoneses, cualquiera que sea su lugar de residencia, así como su divulgación en el ámbito escolar, mediante el refuerzo y profundización en el diseño curricular en el sistema educativo aragonés.

Disposición adicional segunda.— Declaración de interés general a efectos expropiatorios.

Se declaran de interés general para Aragón, a efectos de expropiación forzosa por la Administración de la Comunidad Autónoma, los bienes, documentos y archivos que integran su patrimonio político, jurídico e histórico, y, en especial, los que pertenecieron a sus instituciones históricas, con el fin de afirmar y defender la identidad de Aragón y sus derechos históricos.

Disposición adicional tercera.— Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado.

En ejercicio de los derechos históricos, la Diputación General de Aragón instará a la Administración General del Estado a suscribir, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Disposición adicional cuarta.— Academia Aragonesa de la Historia.

La Diputación General de Aragón creará, mediante Decreto, la Academia Aragonesa de la Historia, a la que corresponderán, con plena autonomía orgánica, funcional y presupuestaria, funciones de profundización en el estudio y divulgación de la Historia de Aragón.

Disposición adicional quinta.— Vidal Mayor.

La Diputación General de Aragón desarrollará todas las actuaciones necesarias para hacer realidad, a la mayor brevedad, el regreso definitivo a Aragón del Vidal Mayor, elemento esencial del patrimonio jurídico, artístico y lingüístico de Aragón.

Disposición adicional sexta.— Palacio de la Diputación del Reino.

La Diputación General de Aragón desarrollará las actuaciones de estudio e intervención necesarias para recuperar y rehabilitar el inmueble que contiene los restos del Palacio de la Diputación del Reino de Aragón y destinarlo a sede de la Presidencia de Aragón.

Disposición adicional séptima.— Archivo del Reino y General de Aragón.

El Archivo del Reino de Aragón formará una unidad separada en el Archivo General de Aragón, que cambiará su denominación por la de Archivo del Reino y General de Aragón.

Disposición derogatoria única.— Derogación normativa por incompatibilidad.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.

Disposición final primera.— Derogación de los Decretos de abolición foral.

Con el objetivo de hacer posible la superación histórica de las consecuencias negativas que, derivadas de los Decretos de abolición foral de 1707, todavía hoy padece Aragón como nacionalidad histórica, tanto en lo político o cultural como en lo relativo a la financiación, la Diputación General de Aragón se dirigirá al Gobierno del Estado español para que éste derogue formalmente el Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, que, dictado por el derecho de conquista, supuso la abolición de los fueros y libertades de que gozaba Aragón antes de Felipe V.

Disposición final segunda.— Habilitación a la Diputación General.

Se habilita a la Diputación General de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

Disposición final tercera.— Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día 29 de junio 2017, fecha en la que se cumplen 310 años desde la aprobación del primer Decreto de Nueva Planta que abolió, por derecho de conquista, el Derecho público y las instituciones propias del Reino de Aragón.

En el Palacio de la Aljafería,  diciembre de 2016

 

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