“Restituciones: Deuda histórica con el territorio”

 

Artículo de opinión de Carmen Martínez Romances, Secretaria General de Chunta Aragonesista y diputada en las Cortes, publicado 9 de septiembre en el Diario del Altoaragón

“Si hay algún lugar donde sepamos lo que supone el impacto ocasionado por una gran infraestructura hidráulica es en Aragón.

Durante décadas hemos conocido y padecemos todavía algunos de los efectos demográficos y territoriales que también producen los “macro- pantanos” y embalses sobredimensionados, impulsados, en su mayoría, en una época donde las correctas políticas de ordenación del territorio ni estaban, ni se les esperaba.

Los datos objetivos son contundentes: la construcción de estas “piezas de regulación” supusieron, sólo en Aragón, desplazar, en su momento, a una población similar a las personas que habitan actualmente las comarcas del Sobrarbe y el Maestrazgo. Las consecuencias territoriales, de desarticulación del espacio, no han sido menores: Un ejemplo gráfico: Prácticamente media superficie de la actual comarca de Tarazona y el Moncayo estaría anegada en Aragón por efecto de los pantanos. Otro dato objetivo: Más de 80 municipios en Aragón sirven de soporte para estos embalses.

Hay que tener en cuenta, además, que bajo los principios de la “caduca política hidráulica” del siglo pasado, lejos de restituir el impacto causado por estas obras de regulación, se actuó de tal forma que se amplió e impulsó el efecto del abandono, incluso a quienes seguían conservando medios para vivir, limitándose la “compensación” al mero pago de las expropiaciones.

Todas estas cuestiones han provocado una evidente “deuda histórica” con el territorio afectado que cualquier sociedad que se tilde de justa debe corregir.

La conclusiones de los estudios científicos son contundentes: “Difícilmente se podría compensar a estas comarcas (del Pirineo de Aragón) de los efectos de una intensa actividad de desarticulación y de desertización, que ha eliminado gran parte de su futuro” Lasanta Martínez (La construcción de pantanos.1990)

Si la advertencia técnica es grave la respuesta política tendría que haber sido más contundente. Fruto de esa realidad aragonesa antes de que en 1999 se introdujera el concepto jurídico de «restitución territorial», en la modificación de la Ley de Aguas del Estado, en Aragón ya se acometieron proyectos de compensaciones por obras hidráulicas conscientes de la necesidad política de los mismos.

Fruto de esa impronta aragonesa, intentando paliar efectos de estas obras, se intentó dar un paso más desde el nuevo Gobierno de Aragón y concretamente desde la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. El objetivo era avanzar en el proceso ya abierto para poder revertir una parte de los beneficios que generan esos pantanos, concretamente los destinos a producción hidroeléctrica, en el entorno donde se ubican.

De este modo, con fecha 11 de mayo de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, el Decreto 48/2016 de 3 de mayo, cuyo objeto era modificar el Decreto 291/2005, concretamente el artículo 42 de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés, para adecuarlo a la nueva disposición adicional duodécima de la Ley de Ordenación del territorio.

La citada disposición sobre restitución territorial en las zonas afectadas por grandes infraestructuras indica que “…a través del oportuno convenio con la Administración General del Estado y de acuerdo con los ayuntamientos implicados, que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía se destinen a la restitución económica, medioambiental y social de los municipios por la ubicación en sus territorios de obras e instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos. Los ayuntamientos afectados destinarán dicha compensación a la realización de actuaciones de interés público y social.”

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del todavía Gobierno, en funciones, de España ha respondido negativamente ante esta decisión considerando que el citado Decreto 48/2016, no se adecua al orden constitucional de distribución de competencias entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado.

El Gobierno de España afirma que “no cabe hablar, de territorios afectados a los que deba restituirse algo, pues ello implicaría, por un lado, que existe una afección a un territorio, cuando tales terrenos, no territorios, o bien son dominio público hidráulico o bien se han incorporado al dominio, fruto del debido procedimiento de expropiación forzosa y, por otro lado, que la alegada afección es perjudicial y en consecuencia susceptible de compensación, es decir, no se puede considerar que los municipios en que se hayan instalado explotaciones hidroeléctricas se vean afectados”.

Esta declaración política del Gobierno de España deja a los municipios del Pirineo y a todos los de la cuenca del Ebro en Aragón, sin el legítimo derecho a recibir restituciones por obras hidroeléctricas. Estamos por tanto, a juicio de Chunta Aragonesista, ante un requerimiento ideológico, que niega las afecciones de las obras hidráulicas y el derecho a las restituciones…

Por todos estos motivos, como reacción contra esta decisión del Gobierno de España se están presentado iniciativas en ayuntamientos y comarcas, así como en las propias Cortes de Aragón, para poder conseguir que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca, procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía, se destinen a la restitución económica, medioambiental y social de estos municipios.

Es de justicia con el territorio, con nuestro país, una “deuda histórica” más a saldar…”

Por Carmen Martínez Romances
Secretaria General de CHA

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