Iniciativa CHA-Cortes, contra nuevas interconexiones eléctricas por Aragón

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Proposición no de Ley de CHA sobre rechazo a nuevas infraestructuras interconexiones eléctricas de Alta Tensión por el Pirineo aragonés, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El parlamento aragonés ha debatido y votado sobre las interconexiones eléctricas que afectan al Pirineo. De este modo, culminando diversos pronunciamientos previos, en sesión plenaria de fecha 10 de noviembre de 1995, se aprobó por unanimidad la Proposición no de Ley 38/95-IV presentada por Chunta Aragonesista (CHA), rechazando la construcción y el trazado de la línea de alta tensión Aragón Cazaril y se solicitó la retirada del proyecto y la paralización de las obras.

Posteriormente, tras una sentencia del tribunal de Apelación de Burdeos, para la vertiente francesa del trazado, en febrero de 1996 el Primer Ministro francés paralizaba el proyecto. Sin embargo, en 1997 se sometió a exposición pública el anteproyecto de la línea «unión de la línea Aragón-Frontera Francesa con la línea Senmenat-Sallente, con origen en el término municipal de Graus y final en el de Isona, lo que suponía reaprovechar buena parte del tramo aragonés de la rechazada Aragón-Cazaril.

Las Cortes de Aragón nuevamente se pronunciaron aprobando la Proposición no de Ley 172/97-IV en el Pleno del 5 de febrero de 1998, en la que se rechazaba la línea Graus-Sallente por las afecciones medioambientales y de todo tipo que conllevaba al tiempo que se solicitaba –este punto de forma unánime– el estudio de trazados alternativos. En mayo de ese mismo año el Consejero de Ordenación del Territorio se comprometía con la Plataforma unitaria contra la autopista eléctrica Graus-Sallente a estudiar el posible reaprovechamiento de los trazados eléctricos ya existentes en la zona.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en fecha 19 de mayo de 1999 dictó sentencia en los recursos interpuestos en 1996 tanto por la Comunidad Autónoma de Aragón como por los ayuntamientos del Valle de Chistau, por la que el proyecto de la línea Aragón-Frontera Francesa deja de existir como tal, y de ello se derivan importantes consecuencias no sólo para esa línea y su trazado, sino también para la Graus-Sallente cuyo objeto es precisamente unir aquella con la línea Senmenat-Sallente. Nuevamente las Cortes de Aragón, en pleno de 7 de octubre de 1999 a propuesta de Chunta Aragonesista se pronunciaban contra ambas líneas –en alguno de los apartados de forma unánime–.
De hecho el proyecto de la línea Graus-Sallente fue anulado por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, de fecha de 19 de octubre de 2005, a raíz del recurso de casación nº 1147/2003, interpuesto por la Asociación de Amigos, Residentes y Vecinos de Torres del Obispo (Huesca) y la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural (IPCENA), de Lleida, contra la sentencia nº 1326/2002 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de diciembre de 2002, recaída en el recurso nº 1865/19.99, sobre “autorización de establecimiento de la línea eléctrica aérea a 400 kV. denominada “Unión de la línea Aragón-Frontera Francesa con la línea Sentmenat-Sallente”.

Y no acaba aquí el “historial de pronunciamientos de este Cámara”: El Pleno de las Cortes de Aragón, de forma unánime, en la sesión del 19 de febrero de 2009, de acuerdo con los reiterados y unánimes pronunciamientos de la Cámara contrarios a los proyectos de líneas eléctricas de alta tensión «Aragón-Cazaril» y «Graus-Sallente», acordó instar al Gobierno de Aragón a que, en coherencia con sus acuerdos y actuaciones anteriores, procediera a manifestar el desacuerdo con el Proyecto de Autopista Eléctrica (400 kilovoltios) Peñalba-Monzón-Isona, presentado por Red Eléctrica de España, S.A., por sus posibles afecciones medioambientales y sanitarias, y ante la falta de respaldo social producido.

Es decir las Cortes de Aragón han sido sensibles a iniciativas que han partido del territorio, de los propios afectados, de plataformas y colectivos que libre y desinteresadamente han dado su tiempo y esfuerzo para conseguir preservar el futuro de sus pueblos, de sus comarcas, de sus valles y montaña, cuyos acuerdos contra este tipo de infraestructuras han fructificado en texto como la denominada “Declaración de Capella” o “el Comunicado de Sabiñánigo”

Por tanto consideramos necesario seguir debatiendo y tomando cuantas decisiones políticas sean necesarias para “desterrar el peligro” de las afecciones ambientales en un territorio tan frágil como es el de montaña donde precisamente se necesitan de actuaciones públicas decididas destinadas a fomentar la protección del entorno natural , a lograr la preservación del medio ambiente, a conseguir el extremo cuidado del impacto visual de cualquier nueva infraestructura de este tipo , ya que son ejes clave para poner en marcha un modelo de desarrollo económico endógeno y por tanto más sostenible…

Máxime en un momento como el actual, dado que el pasado 18 de noviembre de 2015, la Comisión Europea aprobó la lista de proyectos de interés común (PIC) que reemplaza al anexo VII del Reglamento (UE) n° 347/2013 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas. En dicha lista figura como proyecto genérico el denominado «Incremento de la capacidad entre España y Francia» cuyo trazado no está concretado todavía.

De hecho en sendas respuestas a preguntas presentadas a iniciativa de Chunta Aragonesista en el Parlamento Europeo E-010446/2015, la Comisión afirmó que «el Grupo de Alto Nivel consultará a los principales interesados de la región, mientras que compete a los promotores de proyectos llevar a cabo las consultas públicas a nivel local» y afirmó que los proyectos se encuentran actualmente en una fase temprana, de modo que la interacción con las comunidades locales tendrá lugar en una próxima fase. En particular, es obligatorio realizar una consulta pública a nivel nacional, y esta debe tener lugar en la fase inicial de planificación, antes de que pueda tomarse una decisión sobre el trazado preferido.

El promotor del proyecto debe llevar a cabo la consulta pública de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación de la UE sobre protección del medio ambiente y sobre las redes transeuropeas de energía. La Comisión velará por que se respeten las normas estrictas en materia de consultas.

Los promotores del proyecto deberían finalizar para principios de 2016 los estudios de pre-viabilidad, incluidos los trazados preferidos, las estaciones finales y los pasos a través de los Pirineos. Sobre la base de esos resultados, se realizarán otros estudios técnicos para determinar el mejor trazado y llevar a cabo análisis ambientales y consultas públicas con vistas a la obtención de permisos. Se prevé que este trabajo preparatorio se prolongue entre dos y tres años.

Por este motivo es necesario prever con suficiente antelación para evitar que el Pirineo aragonés sea usado una vez más “como mera servidumbre de paso” de infraestructuras que otros necesitan pero que no quieren que atraviese su territorio.

Por todos estos motivos se presenta la siguiente Proposición no de Ley:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

– Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para conseguir que en el texto definitivo del documento denominado “Proyectos de interés común (PIC), que reemplaza al anexo VII del Reglamento (UE) n° 347/2013 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas, no figure ningún trazado de línea de Alta Tensión por el Pirineo aragonés.

– Adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la línea de alta tensión Aragón-Cazaril, solicitando la reversión de las servidumbres y terrenos ocupados para la construcción de la línea y conseguir que Red Eléctrica de España, S.A. desmonte las pilonas colocadas para al transporte de energía de la Aragón-Cazaril

– Poner en marcha las medidas necesarias para contribuir a desarrollar un modelo energético en Aragón cuya base fundamental descanse en las energías limpias y renovables

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