Iniciativa de apoyo a la Marcha del 7N

CHA e IU instan a las Cortes y al Gobierno a apoyar la Marcha del 7N y a considerar la lucha contra la violencia machista como cuestión de Estado

 

Las diputadas Martínez y Luquin presentan una iniciativa para combatir esta “lacra social” y conseguir la implicación de todos los grupos del Parlamento para el impulso de políticas de igualdad y de prevención para acabar con la desigualdad estructural que genera violencia machista

Chunta Aragonesista e Izquierda Unida llevarán al próximo Pleno de las Cortes una Proposición no de Ley que traslada al Parlamento aragonés la petición del Movimiento Feminista de presentar iniciativas en las instituciones en apoyo a la Marcha “Contra las Violencias Machistas” del próximo 7 de noviembre en Madrid. Las diputadas de ambos partidos que conforman el Grupo Mixto en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin por IU y Carmen Martínez por CHA, han presentado esta mañana en rueda de prensa esta iniciativa con la que exigen, entre otras demandas, que la lucha contra la violencia machista sea una cuestión de Estado, lo que significa la implicación de los poderes y administraciones públicas para garantizar que se combata esta “lacra social”.

“El movimiento feminista es más necesario que nunca”, ha aseverado Luquin para quien es en el “Parlamento donde se deben establecer las medidas para combatir una de las mayores lacras sociales”. Así, además de explicar la iniciativa, Luquin y Martínez han hecho un llamamiento a la participación en la  marcha “Contra las Violencias Machistas” organizada por las más de 175 asociaciones y plataformas locales que conforman este movimiento feminista, junto a sindicatos, partidos políticos de izquierda, como CHA e IU y movimientos sociales.

Carmen Martínez ha puesto las cifras “sobre la mesa” y  ha recordado a las 37 mujeres que este año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, además de los ocho menores, para incidir en que “hay más de mil víctimas de la violencia machista contabilizadas desde que se iniciaron los registros en 1995”. Aunque el número real de víctimas,  tanto mortales como no mortales, se desconoce,  porque además de estas personas, “no queremos olvidar a todas esas mujeres que siguen viviendo en un estado de angustia y de terror”. Para Martínez, “si se pusieran cifras, tanto a las víctimas mortales como a las no mortales, sería mucho más fácil que las instituciones públicas pusieran más medios con los que ahora se cuentan. “Y es lo que pretendemos con esta iniciativa y adhiriéndonos a esta marcha”.

La Proposición no de Ley registrada por el Grupo Mixto, además de visibilizar en la movilización del 7 de noviembre para que la ciudadanía participe de forma masiva y diga que “basta ya”, que “ni una menos”, insta al Gobierno a que sigan manteniendo recursos tanto judiciales, como materiales, judiciales y políticos días del año para la igualdad, para la prevención y para la atención jurídica, social y psicológica de las víctimas. La iniciativa incluye varios puntos en los que reclaman una atención estable y confidencialidad, en condiciones de accesibilidad, y contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en todos los centros escolares, a la sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural y a su erradicación en todas las actuaciones y servicios. Además, CHA e IU piden una atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes, con diversidad funcional, en situación de desempleo o dependientes, y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de atención.

El objetivo de esta proposición, ha explicado la diputada de IU  es “la lucha contra la discriminación y el machismo en todos los espacios” y para ello la diputada ha incidido en la necesidad de recuperar la inversión en políticas de igualdad. “Es urgente acabar con una desigualdad estructural que genera violencia y que afecta a las mujeres por una cuestión de género”, ha aseverado para denunciar el recorte absoluto a las políticas dedicadas a la Igualdad efectuado por el Gobierno PP-PAR y que ha tenido consecuencias directas como por ejemplo la situación en la que se encuentran algunos hogares de acogida y atención, como son las Casas de Igualdad.

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