El PP se autoenmienda para endurecer aún más la LOMCE contra la escuela pública

“El PP está tan crecido que se autoenmienda su propia ley de educación, la LOMCE, para endurecerla aún más, dando la puntilla a la escuela pública y poniéndole la alfombra roja a la privatización”.

Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Educación de CHA en las Cortes, Gregorio Briz, tras conocer algunas de las enmiendas parciales presentadas por el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso al Proyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

“La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales” es el texto de una de estas enmiendas, que busca “dar mayor visibilidad a estos principios en el texto de la ley”. “Es decir, consagran, por si no quedaba claro, la equiparación de la escuela privada-concertada a la pública bajo el principio engañoso de la libertad de elección”, ha afirmado Gregorio Briz.

Otra de las enmiendas del PP está dirigida a “permitir que profesores no funcionarios puedan aplicar y calificar pruebas”, como serían las evaluaciones de diagnóstico o las individualizadas al finalizar el Bachillerato. “Los profesores de la privada podrán corregir pruebas sin ser funcionarios, que sí han contrastado su capacidad a través del concurso oposición, favoreciendo así la creación de un gran negocio para entidades que se dediquen a esta corrección de forma externalizada”, ha rechazado Briz, que duda incluso de la legalidad de esta propuesta.

Asimismo, en el artículo relativo a los conciertos de los centros privados, y con la justificación de “dar mayor flexibilidad a la gestión de las Administraciones educativas”, el PP propone que “Las Comunidades Autónomas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

El suelo dotacional es aquel reservado por la Administración, en los planes generales de urbanismo a usos públicos como colegios, parques y jardines, calles o análogos, “por lo que un concurso de estas características significaría sacrificarlos de un uso público para promover desde la propia Administración pública la construcción de centros educativos privados, es inadmisible y el golpe de gracia a la escuela pública”, ha concluido Briz.

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