CHA plantea medidas de protección para empresas subcontratadas en obra pública

José Luis Soro presentará mañana en las Cortes una iniciativa que trata de dar respuesta a los problemas con los que se encuentran las pequeñas empresas subcontradas por las empresas adjudicatarias de proyectos de la Administración pública: impagos, imposibilidad de reclamar directamente a la Administración, etc. “Están en una situación de indefensión que se ha agravado con la crisis”, ha explicado Soro.

Una de las medidas que CHA plantea es que pueda ser causa de resolución del contrato entre la Administración y el contratista el hecho de que éste no pague en el plazo previsto de 30 días a sus empresas subcontratadas, tal y como explica José Luis Soro:

El diputado de CHA plantea que la viabilidad legal de esta y otras medidas sean estudiadas por el Gobierno de Aragón en el plazo de seis meses. “Creemos también que se podría establecer la posibilidad de que, si la empresa adjudicataria incumple sus pagos a las empresas subcontratadas, pueda ser la Administración pública que ha encargado la obra la que le pague directamente”.

Además de la realización de este informe, José Luis Soro considera que se pueden ya adoptar decisiones para que las empresas subcontratadas no queden al albur de lo que decida la empresa que les ha contratado y puedan defender sus derechos. Una de ellas sería la modificación legal de la Ley de contratos del sector público, que ahora excluye que puedan dirigirse a la Administración pública, ya que solo se le reconoce relación contractual con la empresa contratista o adjudicataria. “Es injustificable que esto no se cambie, puede resultar cómodo para la Administración, pero ni mucho menos justo”, ha afirmado.

Este es el texto de la proposición no de ley 226/13 que se debatirá en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración pública:

ANTECEDENTES

La decisión de paralizar la inversión pública está siendo muy perjudicial para las empresas y trabajadores cuya actividad está vinculada a la obra pública, y, muy especialmente, para quienes intervienen en ese sector como subcontratistas. En ocasiones son adjudicadas obras a grandes empresas constructoras, a veces incluso con bajas que rozan la temeridad, que después subcontratan a pequeñas empresas que se ven obligadas a aceptarlas en condiciones muy gravosas. Además, se producen graves retrasos en el pago, cuando no el impago total, y se vulneran los derechos que la legislación otorga a los subcontratistas. Para mantener el empleo e impulsar la actividad económica, es necesario articular medidas que protejan a los subcontratistas y eviten su indefensión.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón:

1.- A hacer un estudio a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses, sobre la viabilidad legal de las siguientes cuestiones:

a) El establecimiento por los órganos de contratación, como condición especial en relación con la ejecución del contrato, del cumplimiento de las obligaciones legales de pago a los subcontratistas, así como la tipificación del incumplimiento de las mismas como causa de resolución del contrato.

b) La inclusión en los contratos del pago directo a las empresas subcontratistas en caso de incumplimiento del contratista principal, en los términos previstos en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública, actualmente en tramitación.

c) La inclusión como criterio de adjudicación, en los pliegos de condiciones de las obras públicas, del compromiso de pagar a los subcontratistas en el plazo máximo de treinta días, así como la consideración de su incumplimiento como infracción grave.

2.- A adoptar, dentro de los márgenes establecidos por la legislación vigente, las medidas necesarias en la gestión de la subcontratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón a fin de hacer efectivos los derechos que la misma otorga a los subcontratistas.

3.- A adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de los porcentajes legales o contractuales de subcontratación en los contratos de obras.

4.- A adoptar las medidas necesarias, en los casos en los que el contratista haya integrado o complementado su solvencia con medios externos, para asegurar que los subcontratistas aportados en la fase de solvencia no puedan ser sustituidos por otros en la de ejecución, salvo circunstancias excepcionales sobrevenidas y previa autorización expresa y motivada del ente contratante.

5.- A dirigirse al Gobierno central a fin de que remita a las Cortes Generales, a la mayor brevedad, un Proyecto de Ley de modificación del artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de que los subcontratistas sean titulares de la acción directa prevista en el artículo 1597 del Código Civil frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

 

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