¡Más viviendas! La modificación de la Ley de Urbanismo prima los intereses privados sobre los públicos

El grupo parlamentario CHA ha solicitado la devolución del Proyecto de Ley del Gobierno de Aragón que pretende modificar la actual Ley de Urbanismo de Aragón, que data de 2009. “Es un mal momento para reformar, y además de la manera en que se plantea, favoreciendo la construcción de más viviendas por metro cuadrado y los intereses privados en perjuicio de los intereses públicos”, ha explicado hoy en rueda de prensa el diputado Gregorio Briz. “PP y PAR parecen seguir la doctrina de la banca, expuesta ayer por el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, de que con más viviendas se soluciona todo”.

“Quieren recuperar el modelo desarrollista de los años 60 y construir colmenas”, ha continuado Briz, que ha puesto como ejemplo que, si en el nuevo barrio de Valdespartera el límite estuvo en 40 viviendas por hectárea con esta nueva ley habría un mínimo de 75. “Aumenta la edificabilidad y, paralelamente, disminuye el espacio público obligatorio para equipamientos de servicios sanitarios, educativos, deportivos o de zonas verdes”, ha señalado el portavoz de Urbanismo y Vivienda de CHA.

Pulsa en la imagen para ver el vídeo de la rueda de prensa

Briz ha criticado, además, que el Gobierno de Aragón haya planteado una modificación parcial de la ley actual en lugar de plantear un nuevo texto completo. De hecho, en el propio Proyecto de ley, el Gobierno dice que, aunque es consciente de que “no es lo ideal en técnica normativa”, lo hace porque lo considera “lo más oportuno en el momento actual”, a falta de un marco homogéneo que parta de “una propuesta consensuada con el Estado”. “De nuevo devalúan las competencias exclusivas que recoge nuestro Estatuto, como es la de urbanismo, y nos advierten de que aquí estaremos a lo que mande Madrid cuando quiera mandarlo”, ha interpretado Briz, para quien “estamos ante un nuevo ejemplo de sumisión y de involución autonómica”.

Además de la enmienda a la totalidad, CHA ha registrado otras 80 parciales, para proteger el suelo no urbanizable especial, aumentar el control del suelo público para que no sea moneda de cambio para expropiaciones y para aumentar la participación ciudadana en los planeamientos urbanísticos.

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