Los Informes que avalan el derecho a la información de l@s diputad@s

¡Por fin! Esta mañana han sido entregados al grupo parlamentario CHA los dos informes solicitados en noviembre a los servicios jurídicos de las Cortes sobre: 1. La prevalencia del derecho de los diputados y diputadas a la información por encima de cualquier claúsula de confidencialidad en los contratos del Gobierno y sus organismos y empresas públicas (como es el caso del contrato con Dorna Sports S.A. sobre Motorland); 2. El derecho a obtener copia íntegra de las sentencias, autos, laudos y otras resoluciones dictadas en procedimientos judiciales o de arbitraje en los que hayan sido parte el Gobierno de Aragón, sus Organismos Públicos y Empresas Públicas.

Los informes son impecables desde el punto de vista jurídico y evidencian la imparcialidad y buen hacer de los letrados de la cámara, hacen un análisis extenso y extremadamente fundado en derecho de todos los aspectos que comprenden el derecho de los diputados de acceder a la información y no dejan lugar a dudas: l@s diputad@s tienen derecho a recibir del Gobierno la información solicitada.  Además, analizan con detalle todos los aspectos relevantes, no se limitan a resolver estos supuestos concretos si no que permiten establecer unas bases de futuro en cuanto al acceso a la información.

Sobre el primer informe, su base y punto de partida es que el derecho de información de l@s diputad@ es un derecho fundamental establecido por Ley. La función parlamentaria de control de la acción del gobierno, prosigue, es consustancial al concepto de representación política parlamentaria. y el derecho de l@s diputad@s de solicitar una determinada información o documentación conlleva el deber del destinatario de proporcionar la misma. Una conclusión literal del informe es que “el Gobierno de Aragón se encuentra perfectamente legitimado, autorizado, para facilitar una copia del contrato (con cláusulas de confidencialidad) al Diputado de las Cortes de Aragón que la ha solicitado, sin que precise el consentimiento previo por escrito de la otra parte contractual”.

Podéis leer el informe íntegro pinchando en la imagen:

Respecto al segundo informe, analiza las empresas afectadas por la petición de información llegando a la conclusión que son empresas públicas o sobre las que el Gobierno de Aragón ejerce una posición de dominio, por lo que puede y debe tener información sobre las mismas. Podéis leerlo completo pinchando en la imagen siguiente:

 

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