El diputado José Luis Soro ha mostrado su indignación por las declaraciones del portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro, que ha afirmado hoy que están negociando con la empresa Dorna Sports, S.A. para que ésta les autorice a hacer públicas y enviar a los grupos de la oposición las cláusulas del convenio firmado en marzo de 2011 para la organización de las pruebas del mundial MotoGP en Motorland.
“¿Cómo puede decir que está esperando a que una empresa privada le dé permiso para informar al Parlamento y quedarse tan ancho?”, se ha preguntado Soro, para quien “el Gobierno antepone los intereses de una empresa privada a sus obligaciones para con las Cortes y la ciudadanía aragonesa sobre un contrato que se paga con dinero público”. Para Soro, “esta ocultación es cada vez más sospechosa”.
En la respuesta parlamentaria en la que el Gobierno se niega a enviar la copia del contrato transcriben su claúsula quincuagésima, que dice: “los contratantes convienen mantener la confidencialidad en relación con los aspectos económicos del presente contrato, y ninguno de ellos facilitará a una tercera parte información sobre dichos aspectos económicos, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte, excepción hecha del cumplimiento de las exigencias legales o en la medida en que sea necesario para el debido ejercicio de cualesquiera derechos o el cumplimiento de cualesquiera obligaciones dimanantes del referido contrato”.
“Curiosamente, la confidencialidad sólo existe para los aspectos económicos”, señala el diputado de CHA que considera que el Gobierno de Aragón lo tiene fácil para entregar el contrato, puesto que una de las excepciones a la confidencialidad es el cumplimiento de las exigencias legales, y el Reglamento de las Cortes tiene rango y de ley y deja claro el derecho de los diputados y diputadas a conocer la información y documentación que obre en poder de las instituciones, organismos públicos y empresas públicas de la Comunidad Autónoma.
El grupo parlamentario Chunta Aragonesista lleva desde el 7 de marzo de 2011 demandando conocer el contrato entre el Gobierno de Aragón, Ciudad del Motor de Aragón, S.A., y ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de las Cortes que respalde el derecho de los diputados y diputadas a la información anteponiéndolo a cualquier claúsula de confidencialidad en los contratos del Gobierno y sus organismos y empresas públicas.
CHA en la Aljafería 