El proyecto de construcción y explotación de una macrodepuradora de aguas residuales en Utebo, que debe dar servicio a 7 núcleos de población de 5 municipios diferentes, está generando una gran polémica y contestación social en Utebo, en cuyo término municipal está previsto que se construya la planta y que va a sufrir la mayor parte de las afecciones, ya que hay previstos más de 17 kilómetros de canalizaciones nuevas que amenazan a la zona de huerta de la localidad.
El grupo municipal CHA en Utebo y el grupo parlamentario se han reunido esta semana con la Plataforma vecinal que lleva meses movilizándose y que ya ha recogido 2.300 firmas de apoyo. La Plataforma reivindica información y más transparencia en la gestión y tramitación del proyecto, transparencia que, hasta la fecha, ha brillado por su ausencia, tanto desde el Gobierno de Aragón como desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Utebo.
Hoy, la presidenta de CHA y el portavoz de Medio Ambiente, Nieves Ibeas y Bizén Fuster, han comparecido en rueda de prensa para explicar las iniciativas parlamentarias registradas para obtener la máxima información sobre el proyecto y las explicaciones del consejero responsable, Alfredo Boné, y del director del Instituto Aragonés del Agua (IAA), de quienes han solicitado su comparecencia en las Cortes.
Tal y como ha señalado Fuster, “la Plataforma no se opone a que se depuren las aguas residuales, son constructivos y lo que buscan es que se este objetivo se haga de la mejor manera posible, pero se están encontrando con el muro de la administración”. De hecho, han tenido que presentar 62 preguntas al IAA para poder completar la información que, con cuentagotas, han ido conociendo, especialmente a raíz del inicio de los trámites para la expropiación de terrenos.
Así, por ejemplo, no se ha hecho público el contenido del convenio de colaboración suscrito al respecto por los Ayuntamientos afectados y el IAA, ni por qué el INAGA ha decidido no someter al proyecto a la declaración de impacto ambiental “a pesar de que estamos hablando del segundo proyecto más grande, por impacto ambiental y económico, de estaciones de depuración de aguas en nuestra comunidad”, ha explicado Bizén Fuster.
También genera dudas el hecho de que el proyecto fuera licitado por 127 millones de euros y se acabara adjudicando por 92 (“¿por qué se produjo una diferencia tan considerable?”, se ha preguntado el portavoz de CHA) y que, tres años después de esa adjudicación a la empresa Acqualia (filial de FCC), las obras no hayan comenzado.
“En definitiva, queremos reclamar al Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento información clara para conocer las repercusiones del proyecto y poder valorar si caben otras fórmulas de menos impacto ambiental, económico y social”, ha concluido Nieves Ibeas.
CHA en la Aljafería 