Agilizar y mejorar la aplicación de la Ley de memoria histórica

El próximo jueves 7 de mayo, Chunta Aragonesista presentará en el pleno de las Cortes una iniciativa dirigida a agilizar el cumplimiento de la denominada Ley de la Memoria Histórica y a mejorar la atención a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y a sus familias.

Tal y como ha señalado la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, hay que apremiar a las Administraciones Públicas, en este caso el Gobierno de Aragón, a establecer mecanismos de atención y ayuda a las personas beneficiarias de la ley para que ésta no quede en papel mojado.

Esta es una demanda explícita de la Asociación para la recuperación de la Memoria histórica en Aragón, que compareció el 24 de febrero en las Cortes, y explicaba que muchas veces las personas afectadas y sus familias no saben a quién dirigirse ni cómo reclamar los derechos que esta ley les reconoce. Por eso, la propuesta concreta de CHA es que el Gobierno de Aragón cree una estructura o mecanismo de atención a la ciudadanía (léase Oficina, ventanilla, servicio, lo que sea más oportuno) que les evite esta desorientación y les preste su ayuda.

Este es el texto completo de la proposición no de ley:

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, tiene por objeto, según señala en su artículo 1, “reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”.

La citada Ley recoge, entre otros, preceptos sobre el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores (art. 4) y sobre diversas mejoras de las prestaciones reconocidas por la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil (art. 5), pensiones de orfandad (art. 6), indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (art. 7), tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos citados en la Ley anteriormente citada (art. 8), ayudas para compensar la carga tributaria de las indemnizaciones percibidas desde el 1 de enero de 1999 por privación de libertad como consecuencia de los supuestos citados en la misma Ley anteriormente citada (art. 9), así como el reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977.

Por lo que respecta a la colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas, el artículo 11 señala que, en el marco de sus competencias, dichas Administraciones “facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante el periodo al que hace referencia el enunciado de la Ley 52/2007.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista considera oportuno presentar la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a crear una estructura de atención a la ciudadanía para centralizar y canalizar las actuaciones que permitan el mejor cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, que procure asistencia psicológica, legal y administrativa a los familiares de las víctimas, y aporte la información necesaria con vistas a la solicitud de subvenciones y ayudas, tareas de indagación, identificación y localización de víctimas, exhumaciones y cualquier otra actividad recogida por la citada Ley.

Resultado: Esta PNL, con el número 69/09, ha sido debatida y votada en el Pleno de las Cortes del 7 de mayo de 2009, quedando rechazada con los votos en contra de PSOE, PP y PAR, y los votos a favor de CHA e IU.

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