CHA propone la devolución del Proyecto de Ley de Urbanismo

Acabado ayer tarde el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón,  el portavoz de Obras Públicas, Transporte y Urbanismo, Bizén Fuster, ha explicado hoy las motivaciones y los objetivos de las registradas por CHA. Se ha presentado una enmienda a la totalidad solicitando la devolución al Gobierno de Aragón de este Proyecto de Ley porque supone una grave invasión de las competencias municipales y la vulneración del principio de autonomía municipal, además de ser un texto que no tiene en cuenta el actual contexto de crisis y los cambios que ésta ha supuesto en el mercado inmobiliario y en los precios del suelo y la vivienda.

Dado que, con su mayoría absoluta, es previsible que los grupos que apoyan al Gobierno no aprueben la devolución del Proyecto de Ley, hemos registrado también 114 enmiendas parciales, tratando de resolver puntualmente algunos de los asuntos y carencias descritos de manera general en la enmienda de totalidad. Transcribimos a continuación el texto íntegro de ésta:

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo establecido en el artículo 123.3 y 4 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente enmienda al Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Se propone la devolución del Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón al Gobierno de Aragón.

MOTIVACIÓN

Se plantea la enmienda de devolución del Proyecto, entre otras razones, por las dos fundamentales que se detallan a continuación, en relación tanto con la oportunidad como con los principios y el espíritu del Proyecto de Ley (artículo 123.4 del Reglamento de la Cámara).

1.- El Proyecto de Ley ignora por completo la actual situación de crisis:

La Ley estatal del Suelo de 2007, refundida con el resto de disposiciones legales relativas a la materia por Real Decreto Legislativo 2/2008, se aprobó en un contexto económico muy concreto y que ha sufrido un cambio sustancial como consecuencia de la crisis económica e inmobiliaria iniciada en el 2008. El Proyecto de Ley, que pretende adecuarse a la citada legislación estatal, no tiene en cuenta en absoluto el nuevo marco socioeconómico de crisis ni, por tanto, da respuesta a esta nueva situación.

De hecho, la finalidad del Proyecto de Ley, al igual que de la legislación estatal, es resolver los problemas de la situación de burbuja inmobiliaria, dar respuesta al crecimiento desmesurado del precio del suelo y de la vivienda, pero no tiene en cuenta la nueva situación de crisis. Por ejemplo, frente a la excesiva atención a los problemas de crecimiento y desarrollo, no existe una reflexión en profundidad y una regulación coherente con relación a las intervenciones en la ciudad consolidada que permita encauzar los posibles intereses en el mercado inmobiliario hacia la mejora del parque de viviendas existente.

La lógica consecuencia es que el Proyecto de Ley nace desfasado, no va a solucionar la nueva situación de crisis y, por ello, debería ser objeto de un replanteamiento total para adecuarlo a la nueva realidad socioeconómica, que difícilmente podrá lograrse por medio de enmiendas al articulado.

2.- El Proyecto de Ley vulnera el principio de autonomía local:

El Proyecto de Ley constituye una gravísima vulneración del principio de autonomía local, básicamente en lo relativo a la regulación de los planes y proyectos de interés general de Aragón.

El artículo 137 de la Constitución proclama el principio de autonomía local al declarar que los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Del mismo modo, el artículo 82.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón garantiza a los municipios la autonomía para el ejercicio de sus competencias propias y la defensa de los intereses de la colectividad que representan. En el mismo sentido, el artículo 2.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, considera al Municipio la entidad local básica de Aragón, dotada de personalidad jurídica, naturaleza territorial y autonomía para la gestión de sus intereses peculiares.

Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, el artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que la legislación estatal y la autonómica deben  asegurar a los Municipios su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.

Sentado el principio de autonomía local, hay que partir de que el urbanismo es una materia íntimamente relacionada con los intereses y las competencias municipales, como ha declarado de forme reiterada el Tribunal Constitucional. En este sentido, el artículo 25.2.d) de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 42.2. de la Ley de Administración Local de Aragón atribuyen al Municipio la competencia sobre ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

La propia exposición de motivos del Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón deja sentado que “constituye un objetivo fundamental de esta Ley el reconocimiento a la Administración de la Comunidad Autónoma de un indudable papel junto a los municipios en el desarrollo de la actividad urbanística”. Pero, en realidad, el verdadero objetivo del Proyecto consiste en otorgar a la Comunidad Autónoma unas competencias de ordenación y ejecución urbanística equiparables y superpuestas a las que hasta el momento han ostentado los municipios, llevando a cabo una grave invasión por parte de la Comunidad Autónoma de las competencias municipales, lo que constituye una grave vulneración del principio de autonomía local.

Así, si el preámbulo de la Ley 5/99, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, afirmaba que “esta Ley ha optado decididamente por el ámbito del poder municipal, entendiendo que el urbanismo es asunto de la competencia local”, la exposición de motivos del Proyecto de Ley, si bien declara que “esta Ley no cuestiona lo esencial de la nueva distribución competencial que en relación con el urbanismo estableció la Ley Urbanística en 1999” y que “las instituciones autonómicas aragonesas mantienen con esta nueva Ley su confianza en el gobierno local, el más cercano al ciudadano y, por ello, el idóneo para desarrollar las políticas urbanísticas”, reconoce expresamente que introduce “ajustes para perfeccionar el alcance de las competencias autonómicas sobre el urbanismo”, llegando a afirmar que, si bien en suelo urbano y urbanizable delimitados se reconoce el liderazgo de los municipios en la práctica urbanística, “en el resto de suelos, se atribuye el coprotagonismo en el gobierno del territorio a municipios y Comunidad Autónoma“.

La amplia asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma en perjuicio de los municipios, con la consiguiente vulneración del principio de autonomía local, tiene diversas manifestaciones en el articulado del Proyecto de Ley. Pero la fundamental es la capacidad urbanística asumida por la Comunidad Autónoma en los planes y proyectos de interés general de Aragón.

Los planes y proyectos de interés general de Aragón dejan de ser una figura excepcional destinada a implantar usos de excepcional importancia en suelo urbanizable no delimitado y no urbanizable genérico (artículo 76 de la Ley Urbanística de 1999, relativo a los proyectos supramunicipales), para convertirse en auténticos sustitutos de las diversas figuras de planeamiento urbanístico en cualquier categoría de suelo, exceptuando tan sólo el urbano.

Así, será posible tramitar planes y proyectos de interés general de Aragón, con sus figuras de ejecución, directamente por la Comunidad Autónoma y con simple informe no vinculante del municipio, sobre suelo no urbanizable genérico y especial, y urbanizable delimitado o no, y, lo que es más preocupante, prácticamente con cualquier objeto. Conforme al artículo 88, los planes de interés general de Aragón podrán autorizar la urbanización y los proyectos de interés general de Aragón podrán autorizar la edificación, siendo en ambos casos directamente ejecutables, y la construcción, modificación y ampliación de los proyectos no estarán sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo municipal.

De esta manera se producirá una duplicidad de administraciones competentes, de procedimientos urbanísticos y de estatutos de la propiedad en todo el término municipal, con la única excepción del suelo urbano. El proyecto de interés general de Aragón tendrá los mismos efectos jurídicos que si se hubiera tramitado un plan parcial y, en su caso, una modificación del plan general, con calificación y clasificación de suelo incluidas.

También se manifiesta la situación de subordinación en que pueden quedar los municipios en relación con la Comunidad Autónoma en la regulación de la ejecución de los proyectos de interés general. La ampliación de competencias autonómicas llevaría a que, tras haber intervenido un ayuntamiento con un mero informe no vinculante en la tramitación del proyecto, se vea forzado a recibir unas obras de urbanización terminadas que no ha controlado en absoluto. La imposición a los municipios de la recepción de obras de urbanización y servicios proyectadas y realizadas sin su participación, pero que en el futuro deberán mantener y prestar, respectivamente, choca con las garantías presupuestarias que el propio Proyecto de Ley exige a los convenios urbanísticos.

En definitiva, los proyectos de interés general de Aragón ya no son figuras habilitantes de actuaciones puntuales en suelos que no ven alterada su naturaleza urbanística básica, sino que tienen el efecto legal de modificar directamente el planeamiento municipal, pudiendo clasificar y calificar suelo. Adquieren rango de plan general, sustituyendo a sus modificaciones o revisiones y pudiendo, incluso, calificar sistemas generales.

2 Comments

  1. Bueno, pues un tema práctico que es puro urbanismo aplicado a las realidades físicas

    La ciudad deZaragoza (Expo incluida) se desarrolla desde hace pocas décadas sobre la margen izquierda de un río que puede dar grandes crecidas

    Como esa orilla topográficamente hablando está a cota más baja que la margen derecha, de toda la vida la ciudad había evitado hacer algo así

    El papel lo aguanta todo, y se pueden hacer (y de hecho se han hecho) cálculos justificativos «a la carta», pero el río se pasará esos papeles por donde le apetezca

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