Desde 1999, ha sido un constante y reiterado compromiso del Gobierno de Aragón la presentación y aprobación de un proyecto de ley de Ordenación, Desarrollo y Protección del Pirineo o de la Montaña de Aragón. De hecho, el Presidente Marcelino Iglesias la ha prometido en cada uno de sus tres discursos de Investidura, y repetido en cada debate de política general. Y ahora es, específicamente, uno de los 100 puntos u objetivos que el actual Gobierno de Aragón presentó por escrito para la presente legislatura. Se trata, concretamente, del punto nº 79: “Ley específica para las comarcas de montaña de Aragón”.
Sin embargo, entre todos los proyectos de ley cuya remisión a las Cortes está anunciando el Gobierno, éste sigue sin aparecer. Y eso que existe una amplia demanda social para que se acabe con el vacío legal que está permitiendo tantos desmanes en nuestras montañas, sea en el Pirineo, el Sistema Ibérico o la Sierra de Albarracín, en Gúdar o Javalambre. Cabe recordar las más de 30.000 firmas que apoyaron la Iniciativa Legislativa Popular para una Ley de la Montaña, que ni PSOE ni PAR tuvieron en cuenta y cuya toma en consideración rechazaron en las Cortes.
En diciembre de 2007, los representantes de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón presentaron en las Cortes de Aragón una solicitud, respaldada de nuevo por 18.000 firmas, para comparecer ante su Comisión de Peticiones y Derechos Humanos y pedir un debate sobre el desarrollo urbanístico y la protección de nuestras montañas. Esta comparecencia aún no se ha sustanciado, más de un año después. ¿Qué lo impide? No lo sabemos.
Sin embargo, mientras se están tramitando ya los proyectos de Ley Urbanística de Aragón (LUA) y de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA), se han hecho públicos dos importantes proyectos de urbanización en la alta montaña aragonesa. Uno, impulsado por la empresa semipública ARAMON en el Valle de Castanesa (Montanuy, Ribagorza), en relación con la ampliación de la estación invernal de Cerler; y otro por convenio entre Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Jaca y sociedad EIVASA respecto a las condiciones urbanísticas para el desarrollo de la estación invernal del Valle de Astún (Jaca).
El primero supone la construcción de entre 2.300 y 4.000 viviendas en un valle que ahora tiene 150 vecinos y que es una zona contigua a Posets-Maladeta, de alto valor medioambiental. El segundo implicaría aumentar la superficie edificable de la estación invernal de Astún en un 400%, en una zona de alta montaña a más de 1.600 metros de altitud, justo donde nace el río Aragón, y contravenir los principios de la Agenda 21 que el Ayuntamiento de Jaca asumió hace unos años.
El Gobierno de Aragón está quedando más que en evidencia: aprovecha la ausencia de un marco jurídico claro (ausencia que él mismo provoca con su inactividad y promesas incumplidas) para avalar proyectos insostenibles desde todo punto de vista (económico, social, medioambiental) y, rizando el rizo, impulsarlos él mismo. Está claro que esta situación merece un debate parlamentario y político además de la movilización social y ciudadana que ya se está gestando, y por eso el portavoz de Medio Ambiente, Bizén Fuster, ha registrado una interpelación para que el Gobierno explique cuál está siendo su ¿modelo? en lo que respecta a la montaña aragonesa y el sector de la nieve.
CHA en la Aljafería 