Ibeas ha hecho hoy en rueda de prensa un análisis concienzudo de la sentencia y el fallo del Tribunal Constitucional conocidos ayer y que resuelven a favor de la Generalitat de Cataluña el conflicto positivo de competencia que planteó en 1998 frente al Gobierno de Aragón por 96 bienes del monasterio de Sijena que compró a las propietarias de la Orden de San Juan de Jerusalén entre 1983 y 1992.

Cabe recordar que, no al no haber tenido conocimiento previo de la venta, el Gobierno de Aragón no pudo ejercer su derecho preferente de tanteo, y fue al solicitar ejercer el derecho de retracto, en 1998, cuando la Generalitat presentó, primero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y después conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional.

En 1998 se presentaron ante el Tribunal Constitucional otros siete conflictos positivos de competencia y todos habían sido ya resueltos excepto éste, que se ha convertido así en uno de los casos más longevos. “Esto  ya de por sí es vergonzoso, pero desde luego para este viaje no hacían falta alforjas porque la sentencia es escandalosa, indignante y gravísima en sus consecuencias”, ha explicado la portavoz de CHA.

“La sentencia -ha continuado- legitima el expolio de los bienes de Sijena e incluso podríamos decir que abre una peligrosa vía sobre todo el patrimonio que está fuera de Aragón porque concluye que los bienes de Sijena están bien allí donde están, en Cataluña, independienteme de cómo hayan llegado allí”.

Extracto de la sentencia: “Desde la consideración de que el objetivo de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de protección del patrimonio histórico es la preservación de los bienes de esta naturaleza y tomando en cuenta no sólo la señalada funcionalidad general del territorio en el entramado de distribución de competencias operado por la Constitución, los Estatutos de Autonomía y demás leyes integradas en el bloque de la constitucionalidad, sino también que nos encontramos ante la concurrencia de competencias en un mismo espacio físico y ante la falta de recurso a las técnicas de colaboración entre Comunidades Autónomas, debemos concluir que en el presente caso prevalece la competencia que corresponde a Cataluña, a cuyo cuidado – y como resultado de las más diversas circunstancias- se hallan los bienes relacionados en las Órdenes dictadas por el Consejero de Educación y Cultura de la Diputación General de Aragón. Ciertamente, al ejercer su competencia sobre patrimonio histórico sobre los bienes que se hallan en su territorio – con independencia de cuál sea el origen de los mismos -, Cataluña viene cumpliendo la señalada función de preservación del patrimonio histórico y artístico de España, y resulta constitucionalmente congruente desde esta perspectiva, toda vez que los bienes sobre los que versa la controversia están en adecuadas condiciones de conservación en Cataluña, que los mismos permanezcan en la Comunidad Autónoma en la que se encuentran”.

Por otro lado, el fallo del Tribunal Constitucional despoja a Aragón de su derecho a acudir a la justicia ordinaria. En su argumentación jurídica, el Tribunal deja bien claro que no es su objetivo entrar en la titularidad de los bienes y en su venta fue o no legal, y señala expresamente que estas cuestiones son un conflicto de legalidad ordinaria, como tampoco lo es la naturaleza del derecho de retracto.

Extracto de la sentencia: “La naturaleza de los bienes procedentes del Monasterio de Sigena que fueron adquiridos por la Generalitat (…) Y la naturaleza del derecho de retracto en tanto que instrumento reconocido a la Administración Pública para la protección del patrimonio cultural y sobre los límites a su ejercicio (…) deben excluirse del objeto del conflicto constitucional, dado su carácter fáctico o de legalidad ordinaria, pues ciertamente atienden a la calificación de los bienes y a eventuales vicios de legalidad en el proceso de enajenación. La verificación de dichos requisitos corresponde en exclusiva a los Tribunales ordinarios, a los que ya ha acudido la entidad promotora del conflicto (al TSJA, concretamente)”.

Sin embargo, en su fallo, el Tribunal declara “la inconstitucionalidad” y anula las órdenes del Gobierno de Aragón por las que ejercía el derecho de retracto. “¿Por qué si en toda su argumentación jurídica dice que no debe entrar en ello y dice específicamente que eso corresponde a la justicia ordinaria, acaba fallando precisamente sobre eso?”, se ha preguntado Ibeas, “es incongruente”.

A su juicio “el Tribunal se ha extralimitado y se ha metido donde no le llamaban al anular esas órdenes, haciendo el trabajo de la justicia ordinaria”. Es más, lo que la Generalitat había solicitado por vía contencioso-administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se lo ha resuelto ya el Constitucional. “El Tribunal Constitucional no avala la venta de los bienes de Sijena pero no le está permitiendo a Aragón recurrirla”, ha resumido la portavoz de CHA.

Para Chunta Aragonesista, los 4 votos particulares de 4 de los 10 magistrados del Tribunal son extremadamente clarificadores cuando señalan que no hay conflicto de competencias y que la sentencia y el fallo están haciendo una interpretación restrictiva del alcance del Estatuto de Autonomía de Aragón de manera claramente contraria al Estatuto.

“El Tribunal Constitucional se ha creído que Aragón es de segunda categoría, y nos lo tomamos como lo que es, una ofensa”, ha afirmado Ibeas, para quien “que se tenga esa percepción de Aragón es culpa de los sucesivos Gobiernos cobardes y sumisos que hemos tenido, y que nunca se han tomado en serio cuestiones como ésta, que son de justicia y de dignidad”.

Nieves Ibeas, también en calidad de presidenta de CHA, ha afirmado que estudiarán acciones reivindicativas “y de todo tipo”, ha mostrado su respaldo al alcalde y los habitantes de Villanueva de Sijena y le ha pedido al Gobierno de Aragón que emprenda la vía política, además de los pasos que se puedan dar por la jurídica, a pesar de las limitaciones expuestas, para lograr el objetivo de que el patrimonio cultural expoliado y emigrado vuelva a Aragón.

“El PP cuando estaba en la oposición se mostraba favorable a abrir esta vía política que CHA reclamaba, así que ahora, que está en el poder, debe empezar a actuar”, ha señalado. De hecho, fue el único grupo que en octubre de 2008 votó a favor de una iniciativa de CHA que instaba al Gobierno aragonés a que realizara las gestiones necesarias para que la Generalitat retirara este conflicto de competencias. IU se abstuvo y PSOE y PAR votaron en contra, con lo que no fue aprobada.

“Esta sentencia, que en realidad no resuelve sobre la venta ni la propiedad porque el Constitucional no puede entrar en eso, contrapone el Estatuto catalán al aragonés y desde luego el nuestro ha pintado menos”, ha señalado la portavoz de CHA en las Cortes Nieves Ibeas, para quien “la culpa de que nos hayan convertido en una Comunidad de segunda es de los sucesivos Gobiernos de Aragón, que no han considerado que resolver el expolio de nuestro patrimonio fuera una cuestión de Estado, como lo es para CHA, y no han sido lo beligerantes que deberían haber sido ni en lo político ni en lo jurídico, como hemos reclamado también desde CHA durante años”.

Nieves Ibeas comparecerá para analizar el alcance y repercusiones de esta sentencia, mañana en las Cortes a las 11.30 horas en rueda de prensa.

“No estaríamos de acuerdo en absoluto con esta propuesta, que está en la línea de los recortes que el departamento de Educación ha previsto en presupuestos para 2012, con casi un millón de euros menos en las partidas destinadas a formación del profesorado”, ha señalado el diputado Gregorio Briz.

Previstos ya en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, los CPR fueron regulados por Real Decreto en 1995, y existen actualmente 17 CPR en Aragón (5 en las comarcas altoaragonesas, 5 en las de Teruel y 7 en las de Zaragoza). Su objetivo es promover el encuentro profesional de los docentes en un marco de participación y colaboración y su finalidad es la mejora de la calidad de la enseñanza a través de la formación permanente, el asesoramiento para el desarrollo curricular, la innovación e investigación educativa y la promosicón de los recursos educativos.

El diputado José Luis Soro ha presentado una iniciativa en las Cortes instando al Gobierno de Aragón a que, a su vez, solicite al Gobierno Central las medidas legales oportunas que permitan flexibilizar el plazo de cuatro años previsto cuando no resulte posible adquirir la vivienda en ese plazo por causas ajenas al titular de la cuenta.

“Tenemos el ejemplo muy claro con Arcosur en Zaragoza, ya que la complejidad y dimensión del proyecto puede suponer retrasos en los plazos de entrega de las viviendas”, ha explicado Soro, para quien “resultaría injusto que las personas que han ahorrado y entregado dinero para la adquisición de sus viviendas se vean perjudicadas porque los responsables de la construcción de dichas viviendas no han cumplido los plazos establecidos”. En Arcosur se prevé la construcción de 21.168 viviendas, de las que 12.701 están sujetas a algún régimen de protección pública.

La legislación relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) regula, entre otras deducciones, la derivada de la inversión en vivienda habitual, estableciendo que se podrá aplicar la misma por las cantidades que se depositen en cuentas vivienda, siempre que la adquisición se produzca antes de que transcurran cuatro años entre que se abra la cuenta vivienda y se adquiera la misma.

El diputado Joaquín Palacín la ha presentado hoy en Calatayud junto al alcalde de Valtorres, Javier García, una de las localidades más afectadas. “Pedimos al Gobierno de Aragón que reconsidere las medidas de lucha contra la epidemia que ha tomado, porque puede resultar excesiva y abusiva y llegar a poner en peligro la continuidad del trabajo frutícola de muchos pequeños propietarios”, han explicado.

La Resolución de 16 de diciembre del Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario establece una zona de seguridad y su duración temporal hasta el 6 de julio de 2013, que implica la destrucción de todo el material vegetal existente en las parcelas en las que han aparecido árboles enfermos, sin tener en cuenta su porcentaje dentro de la parcela y lo que esta destrucción masiva supone para el futuro de estos agricultores y el desarrollo posterior de la zona afectada.

“Teniendo en cuenta que puede haber parcelas donde el material vegetal afectado represente un porcentaje mínimo, planteamos que se haga un análisis e inspección exhaustivos para concretar qué material y zonas son las realmente afectadas y cuáles pueden generar su propagación futura, y evitar así que se lleve a cabo la eliminación de todo el material vegetal de la parcela”, ha afirmado Joaquín Palacín.

El Erwinia amylovora que causa el fuego bacteriano es un agente fitopatógeno que afecta a los frutales de pepita como el peral, el manzano, el membrillero y el níspero, principalmente. Esta enfermedad puede tener consecuencias epidémicas no solamente en las zonas agrícolas sino también en zonas donde sean importantes las plantas silvestres u ornamentales de la familia de las rosáceas.

“No se puede tratar de la misma manera al sistema educativo público, que es la primera responsabilidad del gobierno, que al privado, por mucho que la consejera quiera jugar con el lenguaje y equipararlos”, ha continuado Briz.

CHA respaldará hoy con la presencia de la portavoz parlamentaria, Nieves Ibeas, el concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, y el coordinador del Rolde de Educación, Antonio Lascorz, la concentración organizada por el AMPA del Colegio Ronda Norte de Zaragoza a las 17.30 horas para que se construya en este año 2012 la segunda fase del centro destinada a primaria.

El diputado Gregorio Briz ha recibido, hoy precisamente, una sorprendente respuesta a su solicitud de información para obtener copia del Plan de infraestructuras y equipamientos en materia educativa para los ejercicios 2012 a 2015, que el departamento de Educación encargó el 17 de octubre pasado y que tenía un plazo de elaboración de 2 meses. En su respuesta, la consejera Serrat señala que el Plan está concluido pero pendiente de aprobación y de “los trámites oportunos”, aunque no especifica ni cuáles son estos trámites ni en qué plazo está previsto que se apruebe definitivamente el Plan.

“Se nos está tomando el pelo a los grupos parlamentarios y a la ciudadanía con este tema, porque nos da la sensación de que el Plan es sólo una excusa y que en realidad prefieren tener las manos libres para ir actuando según les convenga”, ha denunciado Briz.

Briz ha exigido al Gobierno de Aragón que deje de crear zozobra e incertidumbre con informaciones puntuales, sesgadas y globos sonda sobre infraestructuras y equipamientos y que dé a conocer de una vez el Plan 2012-2015 que, al respecto, anunció a principios de legislatura y debería estar ya concluido hace más de un mes. “El departamento de Educación está haciendo las cosas francamente mal, sin planificación y sin transparencia, primero escudándose en que estaban haciendo este Plan para no contestar acerca de qué proyectos iban a ser o no priotarios y ahora tomando decisiones sin dicho Plan, al menos que sepamos, porque la consejera Serrat no ha vuelto a nombrarlo”.

El diputado de CHA ha presentado también varias preguntas sobre cómo va a atender la demanda de plazas en los barrios de Miralbueno, Parque Goya o Valdespartera. En este último barrio el Gobierno de Aragón ofertó para el presente curso el colegio público Valdespartera II, ya creado administrativamente, pero sin edificio, por lo que el alumnado que se inscribió fue derivado al Valdespartera I. Este colegio tiene ahora 28 aulas, cuando está previsto para 27 y, como consecuencia, han desaparecido espacios comunes y servicios para el alumnado. Las previsiones demográficas para el curso que viene supondrán, además, un incremento de aulas inasumible para el centro actual.

Precisamente el pasado 20 de octubre, Ibeas defendió en el pleno de las Cortes una moción instando al Gobierno a establecer un calendario concreto para finalizar los procesos de selección y provisión de plazas en el SAS que ya estuvieran abiertos, y a realizar un Plan de reordenación de los recursos humanos a partir de 2012, pero los grupos que apoyan al Gobierno, PP y PAR, votaron en contra.

Respecto a esta convocatoria que sigue sin resolverse definitivamente, fue publicada en el BOA el 3 de noviembre de 2009 como concurso oposición, para cubrir 130 plazas de la función administrativa por el turno de promoción interna. La convocatoria se fundamentaba en el Acuerdo entre el SAS y las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de políticas de empleo, y estaba dirigida a personal estatutario fijo en el SAS. A lo largo del mes de mayo de 2010 se realizaron los ejercicios de la fase de oposición de las tres categorías implicadas (Grupos Administrativo, de Gestión de la Función Administrativa y Técnico de la Función Administrativa). Las personas que superaron esa fase tuvieron que aportar los méritos valorables para la fase de concurso y, en marzo de 2011, la Dirección Gerencia del SAS declaró aprobada la relación de los destinos provisionales adjudicados. Desde esa fecha, no se han podido incorporar a dichos puestos a falta de que el Gobierno de Aragón haga los últimos trámites y sin que los afectados hayan podido obtener un compromiso temporal concreto.

Briz ha criticado que Suárez se esté limitando a visitar las comarcas y anunciar que la intención del Gobierno es presentar una nueva Ley de Administración Local en un horizonte de 2 a 4 años “cuando la realidad es más que urgente y hay que actuar ya”. Para CHA, ha explicado Briz, también es importante que haya una reorganización competencial, pero lo principal, en estos momentos, es garantizar que se puedan prestar los servicios a la ciudadanía “y si la situación financiera de Ayuntamientos y comarcas ya era mala en estos años pasados, los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012 no remedian nada”, ha continuado el diputado. Así, el Fondo de Cooperación Municipal cuenta con 10 millones de euros, lo mismo que en 2011, cuando ya se denunció que era insuficiente; las transferencias a las comarcas han bajado 5 millones; el Fondo de Cohesión no ha aumentado y tampoco el Fondo de Cooperación Comarcal. CHA presentará enmiendas para que se aumenten todas estas partidas.

Respecto a los anuncios de grupos de trabajo hechos por los socios de Gobierno, PP y PAR, para estudiar la posible reorganización territorial y de competencias (en algunos “globos sonda”, como los ha calificado Briz, han planteado la posibilidad de que las comarcas asuman la gestión de los municipios de más de 500 habitantes, el 75% de los de Aragón), Briz ha señalado que esta reorganización debe ser “fruto de un gran acuerdo de todos para redefinir la arquitectural local institucional en Aragón”. En ese debate un punto importante debería ser, también, las competencias de las diputaciones provinciales, que CHA es partidario de suprimir o ir adelgazando progresivamente.

Finalmente, el diputado de CHA ha calificado de muy grave que el Gobierno Rajoy haya anunciado, a través de su ministro de Hacienda, que podrían legislar para que los gestores públicos que no respeten la ley de estabilidad presupuestaria y superen el techo de gasto o generen déficit, tengan responsabilidades penales. “Hay que pedir toda la responsabilidad y el respeto para el dinero público y luchar contra la corrupción, pero esto es desorbitado”, ha concluido Briz.

Es en este contexto donde entra en juego la colaboración público- privada, que se convierte en un pilar esencial de la nueva política económica. Si, según el PP, los únicos que generan empleo, son los empresarios, el Gobierno de Aragón da ejemplo y concede a la iniciativa privada, es decir, a la Universidad San Jorge, la implantación del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, a pesar de que esta titulación ya está ofertada por la Facultad de Ciencias de la Salud y Deporte del campus de Huesca, perteneciente a la Universidad pública aragonesa. ¿Colaboración o competencia público-privada? Más bien lo segundo.

La consejera responsable de Universidad, Dolores Serrat, justifica la decisión ya que, opina, es necesario ampliar la oferta universitaria para evitar que los estudiantes se vayan de Aragón, y hay mucha demanda de estos estudios. Pero con esta decisión no amplían la oferta, la repiten. Si de verdad quisieran ampliarla, ¿por qué no se crean más plazas en Huesca si, efectivamente, hay suficiente alumnado interesado?

La autorización, aún avalada por el Consejo de Universidades y por la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, no tiene justificación, ya que la principal obligación del Gobierno de Aragón, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Sistema universitario de Aragón (LOSUA), es velar por la ordenación y la coordinación de un sistema universitario vertebrador, reductor de las desigualdades, solidario con los territorios, eficiente y sostenible. Algo que sólo garantiza el sistema universitario público.

Además, el Gobierno no está teniendo en cuenta, sino poniendo trabas, al gran esfuerzo que la Universidad de Zaragoza ha hecho por la descentralización universitaria que posibilita la vertebración y el equilibrio territorial (una dirección apoyada por todos los grupos políticos, por cierto, al menos hasta la fecha).

El Gobierno debe revocar su autorización, que vulnera la viabilidad y la continuidad de este grado superior en el campus de Huesca, y con ese objetivo Chunta Aragonesista ya ha presentado una iniciativa en Cortes, que será debatida cuando se reanude el período ordinario de sesiones.

La Universidad de Zaragoza, nuestra universidad pública, que oferta 63 titulaciones y cuenta con 37.000 alumnos y con 3.800 profesores, que es centro de referencia de investigación y desarrollo de la sociedad aragonesa, no se merece este trato por parte del Gobierno. Al caso de Huesca puede sumársele el de Teruel, si se autoriza a la San Jorge a repetir Psicología, y no olvidemos el grave problema de la financiación, que sigue sin resolverse en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2012. ¿Ese es el compromiso con la Universidad al que aludía la presidenta Rudi en su discurso de investidura? Ver para creer.

(Este artículo del diputado Gregorio Briz ha sido publicado hoy en el Diario del Altoaragón)