La Comisión de Sanidad de las Cortes, a iniciativa de Chunta Aragonesista, ha aprobado esta tarde por unanimidad que se incluya la prestación sanitaria gratuita del cuidado podológico para las personas diabéticas que lo requieran, con el fin de prevenir y tratar el denominado “pie diabético”, una de las complicaciones más comunes de esta enfermedad. Este es el texto que se ha aprobado:

Las Cortes de Aragón, conscientes de que el pie diabético es una de las complicaciones más comunes de la enfermedad diabética y de que tanto su detección precoz como su seguimiento son factores fundamentales para lograr un descenso significativo en el número de amputaciones, instan al Gobierno de Aragón a:
1. Que, previo sometimiento a la aprobación por parte de la Comisión de Evaluacion de la Cartera de Servicios, se incluya, en un plazo máximo de seis meses, en el Plan Integral de Atención a la Diabetes, la prestación gratuita del cuidado podológico que precisen las personas diabéticas por su enfermedad.
2. Elaborar y distribuir material informativo con recomendaciones generales para el conocimiento del pie diabético y sobre los cuidados que requiere.

Las lesiones nerviosas y los problemas de riego sanguíneo en los pies son comunes en las personas diabéticas, y pueden derivar en úlceras y heridas y, a largo plazo, provocar la amputación. Se estima que en torno a un 15% de las personas con diabetes desarrollará en algún momento de su vida una úlcera en un miembro inferior, y que una de cada cinco de ellas, requerirá una amputación. Las personas ya afectadas requieren una atención permanente y extremada higiene.

Con la aplicación de un tratamiento adecuado la mayoría de las úlceras pueden prevenirse, pero los tratamientos podológicos preventivos de los enfermos de diabetes no están incluidos en la cartera de servicios comunes de la sanidad española. Se calcula que un 49% de los afectados tienen esta necesidad, por lo que es importante cubrir ese vacío asistencial con vistas a garantizar una mejor calidad de vida a las personas diabéticas. Comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña ya garantizan tratamientos de quiropodia básica y el seguimiento del pie diabético desde sus centros de Atención Primaria y hospitalarios.

No obstante, la sanidad pública aragonesa no oferta esta atención podológica. Confiamos en que esta iniciativa se cumpla en el plazo estipulado para que esta situación cambie.

El pleno que acabó ayer ha permitido alcanzar un acuerdo, a propuesta de CHA, sobre los cercanías. Pero no logramos convencer a los grupos del gobierno de que es urgente informatizar todos los consultorios médicos locales, especialmente en el medio rural, para garantizar la igualdad de los servicios sanitarios y su mejor prestación.

La moción nº 39/09 sobre cercanías, planteada por el diputado Bizén Fuster (que en su blog explica el porqué de la iniciativa) obtuvo el respaldo unánime de todos los grupos, siendo éste el acuerdo:

1. Negociar con el Ministerio de Fomento y RENFE la firma de un convenio que permita al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes participar en las decisiones y explotación del sistema de cercanías de Zaragoza y su área metropolitana; y en consecuencia, su consolidación, ampliación y expansión en línea con lo acordado por el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza en su Plan Intermodal de Transportes y de Movilidad Sostenible, tal y como se refleja en el reciente convenio suscrito con RENFE.

2. Adoptar junto a los consocios de Zaragoza Alta Velocidad una solución urgente para la licitación e inicio de las obras de construcción de la estación de cercanías y trenes regionales de Goya, con el objetivo de que la misma pueda estar construida y en funcionamiento lo antes posible, teniendo en cuenta los plazos previstos para la finalización de las obras ya iniciadas de la primera fase de la línea de tranvía norte-sur de Zaragoza.

Podéis obtener más información sobre lo que CHA reclamaba respecto a los consultorios médicos locales en esta entrada de nuestro blog.

Hoy, la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, ha podido formular su primera pregunta al presidente Iglesias de este curso parlamentario, después de que el presidente de las Cortes vetara la anterior, sobre corrupción, en el pleno del 30 de septiembre. Ibeas ha preguntado exactamente esto:

¿Qué responsabilidad política e institucional tiene Vd. en el hecho de que la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado esté incumpliendo las previsiones políticas y estatutarias y en que su trayectoria esté siendo tan infructuosa en lo que a resultados se refiere?

Ibeas ha recordado a Iglesias que, según el artículo 90 del Estatuto, esta Comisión es el instrumento principal de relación entre la Comunidad Autónoma y el Estado, pero que, desde que se constituyó en enero de 2008, se ha reunido tan sólo una vez y sólo para conformar cuatro subcomisiones de trabajo, si haber obtenido ningún logro concreto. La última reunión prevista para hace unos días, se suspendió, de hecho, en el último momento. “Si este es nuestro principal instrumento, apaga y vámonos”, ha criticado la presidenta de CHA, que ha acusado a Iglesias de “no tener peso para activar la Comisión” y al Gobierno estatal de “ningunear a Aragón”.

CHA siempre se ha mostrado preocupada por la actividad y efectividad de la Comisión y, de hecho, ha impulsado dos acuerdos en las Cortes (en noviembre de 2008, y en septiembre de este año, tras el Debate de política general) instando a que se reuniera y proponiendo incluso los temas que en ella deberían abordarse. Pero hasta la fecha no ha servido de nada este apoyo. “¿Qué clase de Gobierno renuncia a relaciones bilaterales con el Estado? Díganos usted qué temas son prioritarios para este Gobierno, porque por ejemplo cuando el Gobierno estatal aprobó el trasvase a Barcelona, ni siquiera se planteó que la Comisión tratara de este asunto”, ha preguntado Ibeas.

Y es que dos de las funciones de la Comisión son “deliberar y hacer propuestas sobre la elaboración de proyectos legislativos del Estado que afecten especialmente a las competencias e intereses de Aragón” y “servir de instrumento para prevenir conflictos” (claro que, en este tema, Iglesias no consideró que hubiera conflicto porque estuvo de acuerdo en trasvasar  agua del Ebro a Barcelona).

En su respuesta, el presidente Iglesias, como suele, ha negado la mayor. Según él, la Comisión está funcionando de acuerdo al Estatuto y ha adelantado que “pronto” (no ha dicho cuándo) se reunirá “y habrá importantes avances” (sin especificar de qué tipo) en tres temas: “política hidráulica, policía y deuda tributaria”. Del hecho de que, en realidad, sólo se ha reunido una vez, y sin resultados, ha afirmado que “hay cosas que aparecen en el escenario y otras, muy importantes, suceden tras el telón: no hay que reunirse cada mes o cada día, la relación bilateral no es sólo la escenificación, hay cuatro subcomisiones que están trabajando y la relación bilateral es permanente”.

Entre reunirse una vez al día o al mes y una vez cada dos años hay gran diferencia, ¿no? Y, desde luego, si tanto se trabaja internamente, algún resultado debería haberse visto ya. Si este Gobierno, tan adepto a la propaganda, no quiere “escenificar” en este caso, resulta bastante claro que es porque no tiene nada que vender. Lo único cierto, que todo el mundo ve, diga lo que diga Iglesias, es que esta Comisión, por el momento, no está sirviendo para casi nada, con lo que eso tiene de negativo para Aragón.

El pasado 21 de octubre compareció en la Comisión de Cultura de las Cortes el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Ramón Miranda, para hacer una evaluación de los Festivales de Aragón 2009. La presidenta de CHA y portavoz en dicha Comisión, Nieves Ibeas, analiza el contenido de la sesión y de la gestión de dichos Festivales en este artículo de opinión que hoy publican Diario del Altoaragón y Diario de Teruel:

Ya hace algún tiempo que comparé al departamento de Cultura del Gobierno de Aragón con el camarote de los Hermanos Marx. Hoy me sigo reafirmando en la definición, tras comprobar que el nuevo modelo de “Festivales en Aragón” que ha pretendido vender el director general de Cultura, Ramón Miranda, como un ejemplo de innovación no tiene pies ni cabeza. En el fondo, todo es más de lo mismo, disfrazado de supuestos cambios.

Miranda compareció hace un año, el 29 de octubre de 2008, para explicar su nuevo modelo, en el que iban a tener mucho más protagonismo los ayuntamientos, comarcas y diputaciones que el Gobierno de Aragón, que abandonaba la organización directa para pasar a ser colaborador y repartidor de subvenciones. Habló de una Mesa de Festivales participada por el departamento de Cultura, las 3 diputaciones provinciales y 3 de las 32 comarcas constituidas, como órgano máximo de decisión… cuyas decisiones no son vinculantes, según nos aclaró después la consejera Mª Victoria Broto.

 La nueva fórmula era “Festivales en Aragón”, ya que el nombre anterior, “Festivales de Aragón”, les parecía “excluyente” a los responsables de la política cultural aragonesa. ¡Como si una preposición, por sí sola, pudiera dar un vuelco a las cosas!

 Este año, por despiste, Miranda volvía a las Cortes a comparecer para evaluar el nuevo modelo puesto en marcha en 2009, recuperando el de, y se tuvo que oír más de una ironía porque su intervención no dio para mucho más. Estaba claro que tras la cortina de humo del cambio de preposición había muy poco que rascar, salvo el interés de sumar a las cifras de asistencia de los festivales organizados desde el Gobierno las correspondientes a otros eventos. El resultado, como es lógico, garantizaría un incremento de público… como así explicó el director general de Cultura, y poco más. Pero en dos años de legislatura no se ha percibido ningún impulso real a los Festivales.

En el colmo de los colmos, Miranda venía a evaluar el primer año del “nuevo modelo”, pero llegó sin datos y sin que la edición de festivales hubiera concluido. Me pregunto a qué vino, en realidad, si no tenía nada que aportar y ni aclaró cuántos festivales hay y cuáles se han celebrado o van a celebrarse a lo largo de 2009: ¿21 festivales, como decía una nota de prensa del Departamento en junio? ¿60, como dijo Miranda a la prensa? ¿20, como figura en la web de los Festivales?… La cosa podría no tener más importancia, pero estamos hablando de dinero público, y ni siquiera el panorama es transparente.

 Dejando a un lado que el director general de Cultura tendría que definir qué entiende él por “festival”, aún falta saber cómo reparte el Gobierno las subvenciones. Dentro de poco estaremos debatiendo los presupuestos de 2010 y volveremos al tema, porque las cifras no cuadran. Para 2009 figuraba una partida para festivales de 748.770 euros, y el Gobierno de Aragón hablaba hace unos meses de 1,1 millones para 21 festivales. ¿De dónde ha salido la diferencia? Y si en realidad son 60 festivales, como también se dijo, ¿de cuánto dinero en total estamos hablando?

Estas y otras muchas preguntas quedaron en el aire, pero como no hubo ninguna evaluación sobre la base de criterios y datos objetivos, al final la conclusión fue nítida: el director general de Cultura no tenía nada que contar en relación con lo que nos habían anunciado, como él mismo reconoció. Y como hablamos de cultura, no pasa nada.

 ¿Alguien entiende algo? Lo dicho, un camarote cultural en un barco a la deriva, que no tiene ni idea de qué hacer con la gestión cultural y para el que la cultura es la menor de sus prioridades. ¡Qué gran error!

Chunta Aragonesista instará a las Cortes y al Gobierno de Aragón a respaldar como propias las demandas del sector agrario que, sumido en una grave crisis, se movilizará los próximos 20 y 21 de noviembre con una convocatoria unitaria de las tres organizaciones agrarias más importantes del Estado: COAG, ASAJA y UPA. El portavoz de Agricultura en las Cortes, Bizén Fuster, ha registrado una proposición no de ley en este sentido porque “somos conscientes de la preocupante situación del sector agrario y de la importancia  del mismo y de nuestra agroindustria, que merecen nuestro apoyo como otros sectores estratégicos de nuestra comunidad”.

El sector agrupa en Aragón a 25.000 agricultores y productores de alimentos. Ellos y sus familias son cruciales para el mantenimiento de un mundo rural vivo, social y medioambientalmente, y más si cabe en las comarcas aragonesas más despobladas.

Al impacto de la crisis económica general se suman los problemas que se vienen arrastrando desde hace más de una década y que pueden resumirse en uno: lo que se compra está por las nubes y lo que se vende está por los suelos. Se han encarecido las materias primas y se ha producido un incremento de los costes de producción del 34,3 % desde 2003, mientras que se ha producido un recorte de las rentas agrarias del 26% por la caída de precios en origen. Según las organizaciones agrarias, el precio en origen es un 40% inferior al 2008 en los cereales, las explotaciones del ovino se cierran a diario, el porcino está hundido y en la fruta dulce se ha vivido un desplome histórico.

Chunta Aragonesista reivindicará este jueves en el pleno de las Cortes, a través de una proposición no de ley, que todos los consultorios médicos locales de las zonas rurales tengan equipamiento informático suficiente y conexión de banda ancha. “Planteamos al Salud que desarrolle y planifique un programa de inversión para que los y las profesionales sanitarios que ejercen en el medio rural tengan tecnologías y medios modernos que redunden en la prestación de un mejor servicio”, ha señalado la Presidenta de CHA y portavoz de Sanidad, Nieves Ibeas, para quien “tener acceso a Internet y un equipo informático hoy en día no es un lujo o algo optativo, es una necesidad”.

Ejercer la medicina rural supone que los profesionales sanitarios tengan que atender un amplio espectro de dolencias que les exige desarrollar muy diversas habilidades. Asumen así un alto nivel de responsabilidad y, en la mayoría de casos, en condiciones de aislamiento profesional. Por eso sería muy útil que tuvieran acceso a las nuevas tecnologías, en especial la telemedicina, no sólo porque les facilitaría su trabajo, sino que les permitiría mejorar su conexión con el resto de la comunidad médica.

Los centros de salud, junto con los consultorios locales, son las estructuras físicas de las zonas básicas de salud, según la Ley de Salud de Aragón. Uno de los principios rectores de esta Ley es la “universalización de la atención sanitaria, garantizando la igualdad en las condiciones de acceso a los servicios y actuaciones sanitarias y la equidad en la asignación de los recursos” (art. 2b). “El medio rural no puede quedarse descolgado de los avances tecnológicos y el Salud debería ser consciente de la prioridad de esta inversión”, ha afirmado la Presidenta de CHA, para quien ahora es el momento oportuno de planificarla en los Presupuestos de la Comunidad 2010.

Resultado: Esta PNL, nº 181/09, debatida en el pleno del 29 de octubre de 2009, quedó rechazada con los votos en contra de PSOE y PAR. PP, CHA e IU votaron a favor.

Más de cinco meses después de haber sido solicitadas por el grupo parlamentario Chunta Aragonesista, mañana tendrán lugar en las Cortes dos comparecencias del Consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, sobre el Coto de Bastarás en el Altoaragón y las críticas de la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel al Servicio Provincial del Gobierno de Aragón.

La polémica y las denuncias sobre el coto privado de Bastarás, que se adueñaba de espacios de dominio público, se arrastran desde hace años, y de hecho, ya en el año 2000, CHA presentó una iniciativa en las Cortes para que se emprendieran las acciones legales necesarias para recuperar el monte público y el camino real entre Bastarás y Bara. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue la destrucción, descubierta en marzo pasado, del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves ubicado en el Coto para transformarlo en un abrevadero.

El diputado Bizén Fuster solicitó la comparecencia del Consejero el 4 de mayo teniendo en cuenta que es responsabilidad del departamento de Medio Ambiente y del INAGA el control e inspección del coto y las actividades que se realizan en el mismo, la protección de sus caminos y montes públicos, las denuncias por talas de árboles y construcción de pistas sin autorización o la introducción de especies alóctonas como la cabra africana arrui.En el plano patrimonial y de las responsabilidades del departamento de Cultura sobre la destrucción del yacimiento, está también pendiente desde hace más de 5 meses la comparecencia de la Consejera Broto.

Respecto a la Memoria 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en Teruel, este documento acusaba al Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Teruel de entorpecer las actividades de la Fiscalía y de ejercer presiones y censura previa sobre los agentes forestales, un colectivo al que calificaba de “abandonado”.

Bizén Fuster registró la solicitud de comparecencia de Boné el 13 de mayo, después de que salieran a la luz estas graves críticas. Entretanto, el departamento de Medio Ambiente ha mantenido reuniones con el fiscal de Medioambiente y el fiscal jefe de Teruel para, según su propio comunicado, “aclarar aquellas cuestiones a las que ha hecho referencia la Memoria 2008 y establecer mecanismos fluidos de intercambio de información entre ambas administraciones que redunden en una gestión más eficaz”. Sin embargo, el Fiscal de Medio Ambiente no se ha retractado del contenido de la Memoria, que ha sido además apoyado por la Asociación de Agentes de Protección de la Naturaleza.

“Teniendo en cuenta que pocas semanas después se desataron graves incendios en Teruel, donde se puso de manifiesto la importancia de los agentes forestales, esta comparecencia debe servir para conocer si, en beneficio de todos, la situación ha cambiado realmente respecto a lo que denunciaba la Fiscalía”, ha señalado Bizén Fuster.

Lamentablemente, hay que volver a denunciar otro retraso en los plazos para la puesta en marcha del Consejo Asesor de Atención a la Salud de la Mujer. El pasado 4 de octubre acabó el plazo máximo fijado para su constitución sin que ésta se haya realizado, por lo que la Presidenta de CHA y portavoz de Sanidad en las Cortes, Nieves Ibeas, ha presentado una pregunta a la Consejera Noeno para conocer las causas.

Pronto hará dos años desde que, en noviembre de 2007, las Cortes aprobaron una iniciativa de CHA para que se creara este Consejo y todavía no existe. El Gobierno tardó un año y medio en cumplir el acuerdo parlamentario hasta que publicó el decreto de creación el pasado 3 de julio de 2009, y ahora no ha respetado el plazo de tres meses que él mismo se impuso para su constitución.

La Presidenta de CHA también ha reclamado una copia del Plan de Atención a la Salud de la Mujer anunciado por el departamento de Salud y Consumo, en el que debía englobarse este Consejo Asesor y del que nunca más se ha sabido nada. Del mismo modo, sigue pendiente un portal web con información de calidad especializada en temas de salud para las mujeres, cuya creación fue aprobada en la iniciativa antes mencionada, en las Cortes. Según contestó la Consejera Noeno a varias preguntas parlamentarias de CHA, hay que esperar a que el Consejo Asesor esté constituido, así que nos encontramos con la pescadilla que se muerde la cola y el resultado es la absoluta inactividad en este asunto.

El Gobierno de Aragón deberá aprobar, en el plazo máximo de seis meses, el decreto de constitución del Consejo Aragonés de Patrimonio Cultural para dar cumplimiento así al acuerdo alcanzado hoy en las Cortes por iniciativa de CHA.

La Presidenta y portavoz de Cultura, Nieves Ibeas, ha presentado en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte esta proposición no de ley reclamando la creación de este órgano consultivo y asesor que está previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de 1999 y que, diez años después, sigue pendiente, a pesar de que el Gobierno lo anunció ya para la pasada legislatura.

Habida cuenta de que, según el Gobierno, ya hay un borrador de decreto desde 2007, Ibeas consideraba suficiente un plazo de 3 meses para su aprobación definitiva, pero finalmente ha aceptado la enmienda del PSOE para que se aumentara a 6 meses, y la iniciativa ha salido adelante por unanimidad. El decreto, además, se someterá a exposición pública antes de ser aprobado, para dar la oportunidad a asociaciones y ciudadanía de realizar, y que sean incorporadas, sus sugerencias y alegaciones.

El pleno de las Cortes ha aprobado esta mañana la toma en consideración de la Proposición de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón que había presentado el grupo parlamentario socialista. PSOE, CHA e IU han votado a favor, PP en contra y el PAR se ha abstenido. A partir de ahora comenzará la tramitación de la proposición de ley con la presentación de enmiendas al texto inicial y la constitución de la Ponencia que deberá debatirlas.

El portavoz socialista, Jesús Miguel Franco, ha comenzado el debate con su exposición de motivos para presentar la iniciativa, a la que ha definido como “un texto moderado y punto de partida para poder llegar a acuerdos en esta Cámara”. Ha explicado que su contenido se articula en torno a los principios de territorialidad, voluntariedad y reconocimiento de las modalidades existentes, y que es respetuoso con la Constitución, el Estatuto y la realidad actual. Franco ha reconocido que el problema de este debate “se centra, no en el aragonés, sino en el catalán, y no precisamente por razones lingüísticas”, y ha pedido a todos los grupos que se debata “con racionalidad”.

El portavoz del PP, Miguel Navarro, que ha tomado la palabra a continuación en el turno en contra, ha afirmado estar en desacuerdo con el espíritu y objetivo de esta ley. Ha criticado su presentación por “inoportunaen un momento de crisis como el actual”, reclamando la presentación de una memoria económica porque “no sabemos cuánto va a costarnos su aplicación ni cuál va a ser su repercusión económica”. Respecto a su contenido, Navarro ha afirmado que “plantea de forma encubierta la cooficialidad” y permitirá que “se extienda como una mancha de aceite el uso del catalán en Aragón”. El portavoz del PP ha afirmado que “el catalán no es patrimonio lingüístico de Aragón” ya que lo que existe son “lenguas vernáculas con peculiaridades que las hacen muy diferentes del catalán normalizado”.

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha defendido la necesidad de que haya “una ley valiente y efectiva, no timorata, que cumpla con el Estatuto y dé respuesta a los derechos de los ciudadanos”. Barrena considera que el debate en la Ponencia se centrará en “cooficialidad o no”, en la política educativa y en cómo se resolverá el tema de las modalidades lingüísticas en el aragonés.

Por su parte, el portavoz de CHA, Chesús Bernal,  ha tachado de fracaso del Gobierno de Aragón PSOE-PAR el que haya renunciado a remitir a las Cortes un proyecto de ley de lenguas y que haya sido finalmente el grupo parlamentario socialista en solitario quien haya presentado la proposición de ley. “Supone, además, el reconocimiento del incumplimiento reiterado durante 10 años de un compromiso de gobierno expresado por Marcelino Iglesias en innumerables ocasiones desde su primera investidura”, ha afirmado. Bernal ha recordado que en numerosas leyes vigentes aprobadas, también con los votos de PP y PAR, se habla de aragonés y catalán como las dos lenguas propias de Aragón junto al castellano. Y se ha referido a dos anteproyectos de ley de lenguas elaborados en departamentos de Cultura con responsables del PP y el PAR que denominaban a las lenguas por estos nombres. “Ahora el catalán parece que tiene problemas”, ha afirmado el portavoz de CHA.

Finalmente ha hablado la portavoz del PAR, María Herrero, que ha dejado clara su posición desde el principio: “no estamos a favor de esta proposición no de ley, pero estamos a favor de que haya una ley como dice el Estatuto”. Herrero ha justificado así su abstención: “queremos facilitar la tramitación de una ley de lenguas sin que eso signifique que apoyemos y compartamos el texto ni que anticipemos nuestro voto sobre el texto final”. Las enmiendas del PAR, según ha avanzado, incidirán en tres cuestiones: la denominación de las lenguas (“no aceptamos el catalán como término para las lenguas que se hablan en el este de Aragón, no queremos que se llame catalán”); la defensa de las variedades y modalidades lingüísticas para que perduren en el tiempo; y la autoridad lingüística, es decir “quién puede regular las lenguas” (“no aceptaremos que quede la puerta abierta a que sea l’Institut d’Estudis Catalans”).