Del “esto no ha sucedido nunca” a “esto pasa siempre”. El Gobierno de Aragón trata de quitar hierro como sea al hecho de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas haya abierto una investigación para aclarar no sólo presuntas irregularidades contables, sino posibles delitos, en las cuentas de la Comunidad Autónoma de 2004 y 2005. Y eso le obliga a caer en la contradicción, lo que no ayuda, precisamente, a disipar sospechas.
Hoy, preguntado al respecto por la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, el presidente Marcelino Iglesias ha dicho que “esto pasa siempre” y que están “recopilando la información que el Tribunal de Cuentas ha solicitado, como hemos hecho siempre”. Pero es que el 21 de octubre, el consejero de Economía, decía que nunca había intervenido la Fiscalía: “Los informes del Tribunal de Cuentas, y he visto muchos y los he sufrido en mi gestión también, y no he visto ninguno en el que no se observen errores y problemas administrativos. Otra cosa es que interviniera la Fiscalía, ¿verdad?, eso sí que sería un tema complicado de decirlo”.
En resumen: cuando no se sabía que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había remitido las cuentas a la sección de enjuiciamiento, el Gobierno de Aragón decía que lo grave sería que lo hiciera, pero que eso no había pasado nunca. Y cuando la Fiscalía hace lo que supuestamente era grave, deja de serlo, porque lo que no había pasado nunca, ahora, según el Gobierno de Aragón, en realidad es que ha pasado siempre. ¿En qué quedamos?
Lo cierto, tal y como ha señalado Nieves Ibeas, es que hay sospechas fundadas de mala gestión de dinero público y eso es grave, porque ahonda en el descrédito de las instituciones. “¿Qué está haciendo usted para atajarlo, señor Iglesias, si está haciendo algo?”, ha preguntado la presidenta de CHA, “porque su gobierno se está disolviendo como un azucarillo, este es un Gobierno de sálvese quien pueda, que está haciendo más esfuerzo por tapar los problemas que por resolverlos”.
Estas es la transcripción de cómo explicaba el consejero Larraz el funcionamiento del Tribunal de Cuentas el pasado 21 de octubre, en sede parlamentaria:
“El Tribunal de Cuentas desarrolla el control externo de la actividad económico-financiera de las instituciones públicas y tiene dos funciones, dos funciones: la primera, la fiscalizadora y, la segunda, la jurisdiccional.
La función fiscalizadora es una función externa, permanente, que somete a la actividad económica del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía en relación con la ejecución de los presupuestos, tanto de ingresos como de gastos, de las instituciones públicas, y los resultados los plasma en informes, mociones o notas. Esto es un informe, lo cual pertenece a lo que es la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
Pero nos olvidamos en muchas ocasiones de que el Tribunal de Cuentas también tiene una función jurisdiccional, de manera que consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en la que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes. Y lo hace por medio de tres procedimientos jurisdiccionales: el juicio de cuentas, el procedimiento de reintegro por alcance y el expediente de cancelación de finanzas.
Pues bien, el Tribunal de Cuentas, en sus informes de la comunidad autónoma, en todos ellos, habiendo gestionado la comunidad autónoma el Partido Popular, el Partido Aragonés o el Partido Socialista, unos y otros en coaliciones, jamás ha utilizado la segunda parte de su función, y todo lo que expresa en este informe tiene que ver con la primera parte, la función fiscalizadora, de manera que lo único que deduce de los problemas que hay en los procedimientos administrativos que se han utilizado en el Gobierno son recomendaciones. ¿De acuerdo? Entonces, primero, situamos el campo de juego en la función fiscalizadora, y de ninguna manera en ningún tipo de enjuiciamiento a responsabilidades contables”.
Un mes después, exactamente el 30 de noviembre, la situación cambiaba. En el Senado, el presidente del Tribunal de Cuentas presentaba el informe anual de la Comunidad Autónoma de Aragón de los ejercicios 2004 y 2005, y explicaba:
“Sometido el informe -como siempre- a la consideración del Ministerio Fiscal y del servicio jurídico del Estado desde el Pleno del Tribunal de Cuentas una vez que ha hecho la aprobación, el Ministerio Fiscal solicitó la remisión de todos los antecedentes a la sección de enjuiciamiento en relación con diferentes actuaciones en las que apreció la posible existencia de responsabilidades contables, y asimismo solicitó testimonio de diferentes particulares relacionados con contratos para poder instar la presunta o posible responsabilidad penal en la jurisdicción pertinente. Y según información aportada por la sección de enjuiciamiento a los efectos de mi comparecencia -y por si ustedes preguntaban estas cosas- siempre tenemos esta información. En relación con esta responsabilidad contable se han abierto simplemente diligencias preliminares, pero hasta aquí puedo llegar. Ya veremos si eso conduce a alguna parte o no. De momento solamente podemos hablar de la posible existencia de estas responsabilidades que están, repito, en la correspondiente sección de enjuiciamiento”.
Desde ese momento, el Gobierno sostiene ahora que esta actuación del Ministerio Fiscal es la habitual de todos los años, cuando en octubre decía exactamente lo contrario.
