La Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes ha aprobado hoy por unanimidad, a iniciativa de CHA e IU, una proposición no de ley para que se respeten los derechos humanos y que el Gobierno español redoble su apoyo de cooperación en Chiapas. Los miembros del movimiento opositor a varios proyectos para explotaciones mineras en este Estado mexicano están siendo acosados, amenazados y torturados, e incluso se han producido ya varios asesinatos.
Las autoridades mexicanas han adjudicado cincuenta y cuatro concesiones de explotación minera de oro y otros metales a empresas extranjeras, principalmente de origen canadiense, en la Sierra Madre de Chiapas. Contra estas explotaciones a cielo abierto se ha constituido un movimiento de protesta formado por organizaciones campesinas e indígenas, respaldadas por organizaciones sociales y políticas, que además de expresar su preocupación por el daño ambiental y la dispersión de cianuro, arsénico, mercurio y otras sustancias peligrosas, consideran que se han vulnerado las Leyes agrarias sobre la propiedad colectiva campesina o indígena y el Convenio 169 de la OIT, que obligan a cumplir el derecho de consulta y participación de estos colectivos sobre cualquier obra que se pretenda realizar en las tierras donde viven, máxime cuando las autoridades se han negado a informarles sobre los estudios de impacto ambiental que existiesen.
Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Servicio Internacional por la Paz y otras ONG ya han abierto investigaciones, que en algunos casos afectan a determinadas actuaciones de las fuerzas de seguridad.
Este es el texto del acuerdo alcanzado hoy:
Las Cortes de Aragón solicitan al Gobierno de Aragón que inste al Gobierno español a:
1.º Dirigirse al Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos para pedirle que intensifique los esfuerzos contra la ola de violencia surgida en distintas partes de su territorio, y en la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como en apoyo a la defensa jurídica y personal de los miembros de movimientos sociales, indígenas, ecologistas y de defensa de derechos humanos y sociales, especialmente en relación con las explotaciones mineras de Sierra Madre en el Estado de Chiapas.
2.º Solicitar que se cumpla la cláusula relativa a los derechos humanos del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos Mexicanos firmado el 8 de diciembre de 1997.
3.º Redoblar su apoyo a la defensa de los derechos humanos y de sus defensores en México por medio de programas de cooperación y recursos financieros y técnicos, así como la creación de sistemas eficaces de protección de los testigos, las víctimas y sus familias, tal y como pide la resolución aprobada por el Parlamento Europeo del 11 de marzo de 2010, sobre la escalada de violencia en México.
