“¿Qué planteamiento tiene el Gobierno que usted preside en relación con la situación actual y futura de las comarcas mineras aragonesas, ante las decisiones europeas acerca de la minería del carbón?”. Esta ha sido la pregunta que ha formulado la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, al presidente Marcelino Iglesias en el la primera sesión de control al Gobierno de este curso.
Tal y como ha recordado Ibeas, la Comisión Europea ha autorizado el Real Decreto del Gobierno español que permite seguir utilizando carbón autóctono en buena parte gracias a la presión y movilización de los mineros, sus familias, y los habitantes de municipios vinculados al sector de la minería que están luchando por su futuro. “Ellos han conseguido algo que no supo o no quiso dejar atado el gobierno español durante los seis meses de la presidencia europea. ¿Por qué no se incluyó este tema como prioridad?”, le ha preguntado la presidenta de CHA, que no ha obtenido respuesta.
En su intervención, Nieves Ibeas ha recordado que el Real Decreto atiende lo más urgente, pero es una medida transitoria, y le ha pedido a Iglesias que aclarara si Europa lo ha desbloqueado a a cambio del compromiso del Gobierno español de no ir más allá de la fecha del 2014. Iglesias tampoco ha respondido a ello.
El presidente ha señalado que el Real Decreto era un primer paso, que el segundo será la aprobación en Europa del Reglamento sobre ayudas y que, en ese proceso, se luchará para que se mantengan hasta el final del proceso de cierre de las minas. Y a largo plazo ha destacado la investigación para capturar emisiones de CO2 “que permitan seguir usando carbón sin causar contaminación”.
Iglesias ha señalado que en las comarcas mineras aragonesas se han creado más empleos de los que se han destruido en los años de reconversión gracias al Plan Miner y al Plan Especial de Teruel. Sin embargo, Ibeas le ha reprochado que no haya habido una evaluación real de todas las ayudas que han llegado y se ha preguntado por qué, si esos planes están funcionando bien, se esté ahora mismo en una situación tan preocupante para el futuro: “el problema de fondo sigue ahí, debe realizarse una verdadera reconversión en la que estas zonas tengan preferencia a la hora de recibir financiación europea para el desarrollo de alternativas tecnológicas e industriales, porque está claro que lo que no se puede hacer es cerrar las minas a las bravas y dejar a la población colgada”. Ibeas ha defendido que puedan prorrogarse las ayudas hasta 2020.
