Chunta Aragonesista ha reprochado al consejero de Presidencia, Javier Velasco, que expresara el lunes pasado en el Senado su preocupación por el fuerte retraso que está acumulando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y no dijera ni una palabra sobre los casi 12 años que Aragón lleva esperando la resolución sobre los bienes del monasterio de Sijena que sus propietarias de la Orden de San Juan de Jerusalén vendieron a la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992.
“Parece que al Gobierno de Aragón se le ha olvidado que esta resolución sobre los bienes lleva tres veces más tiempo de retraso que la sentencia del Estatut”, ha afirmado la presidenta de CHA y portavoz de Cultura, Nieves Ibeas, que ha lamentado “la escasa importancia que este Gobierno concede al patrimonio cultural aragonés en general y, concretamente, al regreso de aquellas piezas que están disfrutando fuera”.
Ibeas considera que ha sido una ocasión perdida por el Gobierno de Aragón de recordar y reivindicar públicamente este caso, cumpliendo además así con el acuerdo de Cortes del 23 octubre de 2008 en el que se le instaba a realizar las acciones oportunas para solicitar a dicho Tribunal, “siempre con pleno respeto a la independencia y competencia del mismo”, que agilice los trámites necesarios para dictar sentencia. El Gobierno de Aragón ejerció el derecho de adquisición preferente de retracto sobre estos bienes en 1997, pero la Generalitat interpuso conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional y el caso permanece paralizado desde que fue admitido a trámite en julio de 1998, aunque sólo está pendiente de “señalamiento para votación y resolución definitiva”, según informó a Chunta Aragonesista en febrero de 2007 el propio Tribunal Constitucional.
Velasco intervino el lunes en calidad de representante del Gobierno de Aragón en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en el debate para valorar los efectos para las comunidades autónomas de la situación actual de las propuestas de candidaturas a magistrados del Tribunal Constitucional presentadas por las respectivas asambleas legislativas.
