Hoy, coincidiendo con la celebración del pleno de las Cortes en el que se debatirá y votará la Proposición de Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, Heraldo de Aragón ha publicado este artículo al respecto del portavoz parlamentario y ponente de CHA en esta ley, Chesús Bernal:
Pese al incumplimiento del Gobierno de Aragón al respecto, las Cortes de Aragón van a aprobar, con décadas de retraso, una Ley de Lenguas. Aragón va a dejar de ser la única Comunidad con lenguas propias que todavía no las había regulado.Y ello, a pesar de que hasta una decena de leyes aragonesas (tramitadas por Gobiernos de distinto signo, desde el PP-PAR hasta el PSOE-PAR) prevén su uso en ámbitos tan diversos como la señalización de nuestras carreteras, el otorgamiento de pactos sucesorios, de testamentos o capitulaciones matrimoniales, la información al consumidor, etc.
Con un Gobierno PP-PAR se aprobó por unanimidad, en 1998, la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio que, en su Estrategia 14ª, dice que “el reconocimiento legal del aragonés y del catalán como lenguas propias de Aragón debe constituir el punto de partida de una política lingüística que conserve y potencie éstas como patrimonio a conservar”. Y dice la misma Ley: “Son, asimismo, una manifestación de la diversidad cultural las diferentes lenguas que se hablan en la Comunidad Autónoma de Aragón que deben ser objeto de cooficialidad y ayudas, para su enseñanza y divulgación.”
La voluntad de la ciudadanía aragonesa representada en nuestras Cortes ha hecho que dependiera de nuestro Grupo Parlamentario el que hubiera Ley o no. Y teníamos dos opciones: impedirla por considerarla insuficiente o trabajar para mejorar el texto y propiciar que la hubiera. Optamos por reconocer la pluralidad lingüística de Aragón, declarar que el aragonés y el catalán son lenguas propias de Aragón y garantizar su uso, enseñanza y difusión.
No han sido aprobadas las enmiendas de CHA para declarar expresamente su oficialidad. Pero, más allá de la utilización de ese término, la Ley establece de facto un régimen de oficialidad: queda garantizado el derecho a relacionarse en la lengua propia con las Cortes y con el Justicia de Aragón y, en las zonas de utilización histórica predominante, con las administraciones públicas.
Gracias a las propuestas de CHA, el aragonés y el catalán podrán ser usados en debates y documentos oficiales de las entidades locales y se garantiza, en las zonas de uso y en las localidades con centros educativos de referencia, el derecho a su enseñanza en todos los niveles y etapas, incluida la Universidad.
Se incorporan los derechos lingüísticos y se crean dos instituciones científicas oficiales, las Academias, encargadas de establecer las normas. Se garantiza la normalización del uso del aragonés y del catalán en la vida económica y social, en los instrumentos notariales y, muy especialmente, en los medios de comunicación.
CHA hace posible que dispongamos de una Ley que no representa nuestro objetivo final. Pero, sin duda, supone un punto de partida importante y un acto de justicia para el conjunto de los ciudadanos aragoneses que hablan aragonés y catalán, cuyos derechos lingüísticos comienzan a reconocerse y a garantizarse.
