Ahora resulta que el informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón era desfavorable al Proyecto de Ley de Gran Scala, como lo fue el de los servicios jurídicos de las Cortes.

El propio vicepresidente Biel, junto a otros miembros del Gobierno, llegó a descalificar el trabajo de los letrados de las Cortes cuando emitieron su informe alertando de la posible inconstitucionalidad del Proyecto de Ley. Y aseguraba que “tenemos las garantías absolutas de los servicios jurídicos de la DGA de que la ley es constitucional”.

Sin embargo, el Gobierno nunca mostró ningún informe propio que disipara las dudas. Este grupo parlamentario, ante la sospecha de que en realidad no disponían de ellos, o no eran tan positivos como pretendían, solicitó el pasado día 22 de junio una copia de todos los informes elaborados por los servicios jurídicos del Gobierno y los encargados externamente. A fecha de hoy esta copia todavía no nos ha sido remitida.

Por el momento, lo que parece claro es que ocultaron todo aquello que podía poner trabas al Proyecto de Ley para hacer creer a la ciudadanía que todo estaba en orden. Y es que cuando el objetivo es aprobar algo a toda costa, al parecer, todo vale para este Gobierno.