Hay marejada en las Cortes a cuenta del Proyecto de Ley de Gran Scala. Un informe de los servicios jurídicos ha puesto el dedo en la llaga que ya había señalado Chunta Aragonesista en su enmienda a la totalidad: este Proyecto de Ley tiene visos de inconstitucionalidad.

Y claro, a PSOE y PAR, que lo digan los grupos de la oposición no les importa, pero que lo digan los letrados de las Cortes es otra cosa y ayer, en la Mesa y Junta de Portavoces, exigieron la redacción de un segundo informe. El tiempo apremia, porque se ha incluido el Proyecto de Ley para su debate y aprobación definitiva en el pleno del jueves 25 de junio. Desde luego, si los servicios jurídicos siguieran el ritmo de la Comisión Jurídica Asesora con el informe sobre La Muela encargado por el Gobierno, podríamos dar por seguro que no llegaría a tiempo.

Habrá que esperar a la semana que viene a ver qué pasa, pero por el momento hay mucho nerviosismo entre los grupos que sostienen al Gobierno y en el propio Gobierno, cuyo Vicepresidente ha llegado a descalificar el informe de las Cortes diciendo que es “político” e “intencionado”.

Por otra parte, señalar que Chunta Aragonesista está estudiando la posibilidad, si finalmente se aprueba el Proyecto de Ley, de acudir al Defensor del Pueblo para que éste presente recurso de inconstitucionalidad. Es la única vía factible, puesto que sólo pueden recurrir al Tribunal Constitucional determinadas instancias y, en este caso, parecen descartables que sean el Presidente del Gobierno español, 50 diputados del Congreso o 50 senadores. El Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón sí pueden presentar recursos de inconstitucionalidad, pero no contra una ley de su propia Comunidad Autónoma: si no estuvieran de acuerdo con ella, con derogarla sería suficiente, lógicamente.