“El Gobierno de Aragón lleva 10 años mintiéndonos  a toda la ciudadanía aragonesa sobre lo que podía y no podía hacer para tratar de recuperar los bienes de las parroquias altoaragonesas depositados en el Museu de Lleida”, ha acusado hoy la Presidenta de CHA, Nieves Ibeas, que considera que “se ha estado perdiendo el tiempo y el Gobierno es responsable”.

Después de conocer ayer que se va a declarar BIC el retablo de Berbegal, a pesar de que hace 3 meses PSOE y PAR rechazaron una propuesta idéntica de CHA, hoy la prensa informa de que el Gobierno va a reiniciar el expediente abierto en 1999 para la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural Aragonés de las obras de las parroquias de la diócesis Barbastro-Monzón. En diciembre de 2007, PSOE y PAR rechazaron una iniciativa parlamentaria de CHA en la que se pedía expresamente la reanudación y resolución definitiva de dicho expediente. Para Ibeas, “rectificar es de sabios, pero no escuchar propuestas razonables de la oposición sólo porque son de la oposición, es de necios”.

Según declaraciones recogidas hoy en prensa del director general de Patrimonio, Jaime Vicente, el expediente se ha reiniciado ahora porque el conflicto de los bienes “está resuelto”. ¿Por qué dice el Gobierno que el conflicto se ha resuelto: si los bienes están todavía en Lleida, ¿quién les va a creer?

Los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y PAR, han descalificado por sistema -al dictado del Gobierno- todas las propuestas realizadas por CHA sobre los bienes objeto de litigio, señalando siempre que no eran necesarias, e incluso inconvenientes. Pero después, cuando ha pasado un tiempo prudencial para que nadie se acuerde de que ya lo había propuesto CHA, el Gobierno las lleva a cabo. 

Además de estos dos ejemplos mencionados, está la interposición del exequátur para solicitar la ejecución civil de las sentencias canónicas de devolución de dichos bienes, que CHA lleva años reclamando y hace sólo unas semanas que se ha realizado, después de 10 años repitiendo, el Presidente Iglesias, que este era un conflicto exclusivamente religioso e ignorando las decisiones políticas y administrativas tomadas por la Generalitat, que son todavía un obstáculo, por mucho que sobre este aspecto el Gobierno no se haya pronunciado nunca.

Y todo esto sin necesidad de recordar el episodio de conversaciones con las monjas fallecidas de Sijena.