Los obispos de Barbastro-Monzón y Lleida han llegado a un acuerdo-para-la-devolucion, en 30 días, de los bienes aragoneses depositados en la ciudad catalana. A pesar de ser un gran y positivo paso para la resolución de este litigio, no podemos todavía cantar victoria. Mucho nos tememos que éste no sea el último capítulo y que ahora llegue la segunda parte: la Generalitat y las instituciones civiles catalanas no estarán por la labor de permitir esa devolución. La Generalitat hizo ayer público un comunicado en este sentido.

La de la Generalitat no es una postura nueva, sino la que ha sostenido siempre, amparándose en su Ley de Patrimonio y la catalogación de esos bienes dentro de una colección, la del Museu de Lleida, cuya unidad defiende a ultranza. Sin embargo, aquí, el Gobierno de Aragón ha tratado siempre de obviar estas trabas.

La tesis principal del Presidente Marcelino Iglesias ha sido que este es un asunto eclesiástico y que, como tal, debía resolverse en el seno de la Iglesia. El Presidente aragonés ha vuelto una y otra vez a ese reducto seguro que le ponía a salvo de tener que realizar cualquier acción política o jurídica, aunque entonces cabría preguntarle por qué llegó a intentar un acuerdo con la Generalitat en el año 2006 (que finalmente quedó en agua de borrajas), o por qué realizó aquellos viajes al Vaticano o por qué decidió sacar a Aragón de la Eurorregión como medida de presión ante la Generalitat.

Creemos que, en el fondo, el Gobierno de Aragón sabe que la Generalitat y las instituciones catalanas son uno de los principales escollos para el regreso de los bienes, y que van a dar la batalla. Ahora que la parte eclesiástica parece resuelta, si los bienes no vuelven en el plazo previsto, al Presidente Iglesias no le quedará más remedio que dejar de mirar para otro lado y afrontar la realidad en defensa de los intereses aragoneses, como hace tiempo que le demandamos desde Chunta Aragonesista.