Hemos conocido, de fuentes sindicales, que el Ministerio de Fomento (a través de la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF) ha presentado un Informe sobre Movilidad Forzosa en las estaciones de tren de La Puebla de Híjar, Fayón, Nonaspe, Chiprana, Fabara, Ricla, Luceni y Tardienta, que afectaría también parcialmente a Calatayud, Caspe, Grisén o Casetas.. Esto significa que quedarían sin jefe de estación o encargado de la gestión telefónica de control de circulación y, por tanto abocadas al desmantelamiento. Este mismo proceso se ha vivido ya en 66 de las 112 estaciones del sistema ferroviario aragonés, que han cerrado en los últimos años con el consiguiente perjucio para los usuarios y para todo el medio rural aragonés.

Esta supresión de personal y servicios avanza a medida que se va implantando el sistema del Control de Tráfico centralizado (conocido como CTC) dentro de los planes de automatización de los recorridos, y esto sucede en 4 de las 5 líneas ferroviarias aragonesas (la única excepción es la del Canfranc, para la que no existen planes de sustitución de los sistemas de control).

Cuando ADIF retira el personal de una estación, no supone que se supriman automática e inmediatamente los servicios, puesto que la empresa responsable de la circulación de los trenes es Renfe Operadora. Pero sí supone el primer eslabón de una cadena que conduce de forma irremisible al cierre total y definitivo del servicio o la estación. Las instalaciones quedan abandonadas y se convierten en muchos casos en objetivo del vandalismo; el viajero se encuentra solo, con estaciones alejadas de los cascos urbanos a horarios intempestivos y sin saber si una incidencia ha provocado un retraso en el servicio o si directamente se ha suprimido; las vías quedan al libre tránsito de los viajeros que tienen que cruzarlas al existir varios andenes con el consiguiente peligro  (como no hay nadie para informar el usuario desconoce en cual va a parar), etc.

Al empeorar el servicio, los usuarios tienden a dejar de utilizarlo, lo que conlleva un nuevo recorte por parte de ADIF o Renfe, en una espiral viciada que hace que apenas  se garantice, hoy por hoy, que una decena de estaciones continúen prestando servicio al público. E incluso se duda de alguna de tan importante como la de Monzón.

Y todo ello a pesar de que en diciembre de 2007 entró en vigor la Ley 45/ 2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, contra cuyos principios atentan directamente estas decisiones. Esta Ley tiene por objeto regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural en tanto que suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales y en el acceso a determinados servicios. Es difícil comprender la paradoja de que por una lado se predique una cosa y luego todos los hechos vayan en dirección contraria.

Por todo ello, el grupo parlamentario Chunta Aragonesista ha presentado una proposición no de ley, que será debatida a partir de septiembre, instando a las Cortes de Aragón a:

1. Reclamar a la Empresa Pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) el mantenimiento del personal y los servicios en las estaciones del medio rural aragonés y en particular en las de Tardienta, la Puebla de Híjar, Fayón, Nonaspe, Chiprana, Fabara, Ricla, Luceni y Grisén. 

2. Exigir al Ministerio de Fomento y al de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino el cumplimiento y respeto a los principios y objetivos de la Ley 45/ 2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en cuanto a los equipamientos públicos necesarios de infraestructuras y transportes y específicamente a la prestación de los servicios públicos básicos de calidad, su accesibilidad, en condiciones de igualdad.

3. Garantizar, en el marco del Convenio RENFE-Diputación General de Aragón, el mantenimiento de los servicios actuales en las estaciones que forman parte de las líneas o recorridos que son objeto de subvención conjunta.