Hoy ha sido aprobada por unanimidad la moción sobre financiación autonómica presentada por el diputado Chesús Yuste a raíz de la interpelación que dirigió al Consejero de Economía, Alberto Larraz, el pasado 23 de mayo. La moción hacía hincapié en la necesidad de poner en valor los preceptos estatutarios relativos a la actualización de los derechos históricos y al establecimiento de un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado.

Concretamente, este ha sido el texto aprobado:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a defender con firmeza los intereses generales de Aragón, en los ámbitos bilaterales y multilaterales donde se acuerde la reforma del sistema de financiación autonómica, poniendo en valor las peculiaridades financieras recogidas en el Estatuto de Autonomía, tanto los criterios citados en el apartado 5 del artículo 107 como el acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado (art. 108 ) y los derechos históricos recogidos en la disposición adicional tercera.

El Consejero de Economía hasta ahora se ha limitado a exponer en Madrid los criterios de envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, citados en el artículo 107.5 del Estatuto, pero eso no es suficiente, a juicio de CHA. Desde 1982 el Estatuto de Autonomía consagra los derechos históricos de Aragón en una disposición adicional similar a la que ha permitido a Euskadi y Navarra dotarse de un régimen de Concierto económico, que les garantiza la plena autonomía financiera. Ahora es el momento de ponerlos en valor también en Aragón. Si no, ¿para qué figura en el Estatuto? Lo mismo podríamos decir del acuerdo bilateral de financiación recogido en el Estatuto desde 1996, en el actual artículo 108. Si no se quería poner en marcha, ¿por qué lo aprobaron las Cortes Generales? Recordemos que es una Ley Orgánica es de obligadísimo cumplimiento.

Dado que todos los grupos parlamentarios han aludido a la defensa del Estatuto en este proceso, nos congratula que la iniciativa de CHA haya concitado el consenso parlamentario en torno a la posición que debe defender el Gobierno de Aragón en el inicio de la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.